La megacausa por las estafas cometidas a través de la firma Branka Motors, que vendía motos, pero no las entregaba, ingresó este miércoles en su etapa definitiva en los tribunales de San Juan. En una nueva audiencia fijada ante la jueza de Garantías Carolina Parra, los tres principales implicados —identificados como Facundo Banega Zuvire, Jonatan y Alexis Marcó— optaron por evitar el juicio convencional y aceptaron someterse a un juicio abreviado.
Los dueños de Branka Motors aceptan 5 años de cárcel por 365 hechos y un perjuicio económico de casi $600M: la jueza resuelve la semana que viene
Los hermanos Marcó y Banega Zuvire cerrarán la vía penal tras defraudar a más de 350 personas por una cifra millonaria. La jueza Carolina Parra adelantó que homologará el acuerdo de juicio abreviado y dictará sentencia el martes que viene.
El acuerdo, sellado entre la defensa, representada por el abogado José Tejada, y el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Guillermo Heredia, establece una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno de los acusados por el delito de estafa por 365 hechos y un perjuicio económico de casi 600 millones de pesos.
En una audiencia extensa, que comenzó a las 14.15 de este miércoles y finalizó sobre las 19 horas, el fiscal Heredia, junto con la ayudante fiscal, Gabriela Blanco, formalizó primero 13 nuevas denuncias que alcanzaron los 365 hechos mencionados e incrementaron el monto del desfalco.
Posteriormente presentó el acuerdo de juicio abreviado al que llegó con la defensa y las pruebas del legajo para desmostrar la megaestafa que habían cometido los tres imputados. En la pantalla de la sala, el Ministerio Público Fiscal mostró el registro de las cuentas bancarias con las que se hacía las operaciones comerciales, los chats entre los denunciantes y los acusados de estafar con la venta de vehículos.
Ante la propuesta de juicio abreviado, entre los abogados de la querella, hubo una mirada dispar. Algunos se opusieron al acuerdo, mientras otros adhirieron a la postura de la fiscalía. Uno de los que se opuso fue el abogado Mario Padilla, que señaló que la condena debía ser la pena máxima establecida en el Código Penal Argentino para este tipo de delitos: seis años de cárcel. Entendiendo que la cantidad de víctimas era grande así como también el perjuicio económico. Pero se enfocó en el "engaño" que hubo por parte de los acusados cuando presentaron la propuesta de devolver el dinero, pero no cumplireron con el pago ni de la primera cuota.
Por último señaló que ni por la vía civil se iba a poder recuperar el dinero a pesar del dictado de la sentencia, por eso, pidió una pena más alta.
El escándalo judicial se originó a partir de una maniobra comercial que sedujo a cientos de compradores: la firma ofrecía vehículos y rodados a valores sumamente inferiores a los del mercado local. Sin embargo, detrás de las atractivas ofertas se escondía una operatoria defraudatoria que dejó un perjuicio económico estimado en 524 millones de pesos.
El conflicto explotó públicamente entre diciembre y enero pasado, cuando se formalizó la denuncia inicial de Guadalupe Ailén Céspedes, una clienta que había pagado 1.700.000 pesos por una motocicleta que jamás le fue entregada. Con el correr de las semanas, el volumen de afectados creció exponencialmente hasta alcanzar a 352 personas formalizadas en el expediente, una cifra a la que en esta misma jornada se sumarán otros tres damnificados.
Fracasó el acuerdo de pago y rige la prisión preventiva
En el devenir del proceso, más precisamente en mayo, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo orientado a lograr una reparación integral del daño patrimonial. No obstante, aquel pacto quedó sin efecto de manera abrupta luego de que los imputados incumplieran el pago de la primera de las cinco cuotas pautadas.
A raíz de esta falta, el fiscal del caso, Guillermo Heredia, solicitó inmediatamente la baja del convenio de reparación. Como consecuencia directa de dicho incumplimiento y ante el riesgo procesal, los tres acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial (Penal de Chimbas), donde cumplían prisión preventiva a la espera de la resolución judicial que finalmente se cristaliza este miércoles.
El futuro de los damnificados
Con la homologación de este juicio abreviado, la causa penal quedará formalmente cerrada en lo que respecta a la responsabilidad carcelaria de los imputados.
Sin embargo, desde el plano jurídico se advirtió que la devolución de los 524 millones de pesos defraudados no se resolverá en esta instancia. Ante esto, los damnificados que pretendan recuperar las inversiones perdidas deberán transitar un nuevo camino legal mediante demandas individuales en el fuero civil.