En medio de la investigación por tenencia y ofrecimiento de material de abuso y explotación sexual infantil, Carlos Adrián Guevara, empleado del Poder Judicial de San Juan y exmilitante del Partido Justicialista, habría ensayado una explicación alternativa ante su círculo cercano: sostuvo que había sido víctima de un hackeo en su teléfono celular.
Según relataron fuentes allegadas al imputado, esa versión comenzó a circular a fines de diciembre de 2025, pocos días después del allanamiento realizado en su domicilio del barrio Jardín Policial, en Rivadavia. Hizo el planteo en una publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó constancia pública de un supuesto acceso indebido a sus cuentas y datos personales.
El texto, publicado el 31 de diciembre de 2025, decía: “Para celebrar el primer aniversario del hackeo anterior, y como para cerrar el año con las mejores energías, han vuelto a ingresar a mis cuentas y datos personales. Quienes necesiten comunicarse conmigo por algo realmente necesario, me dejan su número por privado para agendarlos nuevamente”.
En el mismo posteo, amplió el mensaje con una advertencia dirigida a sus contactos: “Al igual que el año pasado, todo indica que alguien está accediendo a mis cuentas y datos personales. Desconozco las intenciones, pero dudo que sean buenas. Cuidado si les llega cualquier tipo de solicitud, pedido de datos, dinero o mensajes sospechosos a mi nombre. Por mi seguridad y por temor, estoy renovando cuentas, teléfono, etc., la que compartiré sólo con quien mantenga una comunicación fluida y lo considere realmente necesario”.
La publicación cobra relevancia ahora como parte del contexto que rodea a la causa penal en trámite. Guevara quedó formalmente imputado el 12 de febrero en una investigación por tenencia y ofrecimiento de material de abuso sexual infantil, tras una audiencia realizada en Tribunales. Se desempeñaba en la Oficina Judicial del fuero Laboral y ya arrastraba un sumario administrativo por antecedentes de conducta. Tras conocerse el caso, fue reasignado a tareas secundarias hasta que exista una resolución judicial definitiva, indicaron fuentes del ámbito judicial.
El imputado es un conocido exmilitante del justicialismo sanjuanino. Inició su recorrido político en el MAPU, la agrupación del fallecido diputado Pedro Mallea; luego pasó por la militancia universitaria como colaborador de la extinta Innovación. Más tarde trabajó en la Legislatura provincial y se desempeñó como profesional audiovisual en Casa de Gobierno durante la gestión anterior. Su último destino laboral fue la Justicia, además de haber tenido participaciones esporádicas en adscripciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
La investigación penal se originó a partir de un reporte internacional de la Cyber Tipline del NCMEC, canalizado a San Juan a través del sistema de cooperación 24/7. Según el legajo MPF-SJ-24907-2025, una plataforma digital alertó sobre la compartición de un archivo con material ilegal desde una cuenta identificada con el nombre de usuario “Cami Luna”, detrás de la cual —de acuerdo a la acusación fiscal— se encontraba Guevara.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Pablo Martín, junto al ayudante Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez, detalló que el imputado se hacía pasar por “Cami Luna” en la plataforma reportante. Los registros técnicos permitieron vincular esa cuenta con direcciones IP correspondientes a un servicio de internet radicado en la provincia y contratado a nombre de Guevara, además de correos electrónicos y números telefónicos que también figuraban a su nombre.
En ese marco, el 29 de diciembre de 2025 se realizó un allanamiento ordenado por el juez de Garantías Mariano Carrera en un domicilio de Rivadavia, con resultado positivo. Entre los elementos secuestrados se encontraba un teléfono celular Samsung Galaxy A12, actualmente bajo peritaje.
El magistrado dio por formalizada la Investigación Penal Preparatoria por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de menores no identificados. El plazo de investigación se fijó en diez meses. Guevara continúa en libertad, aunque sujeto a medidas coercitivas: obligación de someterse al proceso, prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y retención de documentos de viaje.
La defensa está a cargo de la Defensoría Oficial N.º 15, mientras que la causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal. La investigación está en curso y aún restan pericias consideradas determinantes sobre el material secuestrado, incluido el celular que el imputado dijo haber tenido “hackeado”.