En teoría, para cualquiera que reciba una condena de 2 años en suspenso y se obligue pagar 4 millones de pesos en 30 cuotas por una amenaza de bomba, hubiera supuesto una situación de cierta congoja. Pero hoy, Carlos Cabaña (20) salió sonriendo luego de recibir ese castigo (además deberá hacer el curso ‘Reconstruyendo mi identidad ayudo a la sociedad) por llamar por teléfono para decir que había un explosivo en el Centro Cívico, el pasado 16 de setiembre. Con su sonrisa, también coló la reflexión sobre la lección que le dejó el traspié: ‘no hagan chistes así porque salen bastante caritos. Pero bueno, de los errores también se aprende y doy gracias a Dios de que no estoy en el Penal, eso me tiene tranquilo’, dijo el joven a este diario.
Cabaña y su compañero de trabajo, Hugo Sebastián Castro (24) habían sido detenidos a pedido del fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignasio Achem, cuando se comprobó que habían estado juntos el día que se produjo el delito de intimidación pública.
‘La culpa la tuve yo, él (por Castro) no tuvo nada que ver. Yo usé su teléfono, estábamos jodiendo en el trabajo (hacían tareas de electricidad) y la verdad que no pensé que se había hecho el llamado porque se escuchaban ruidos. El boludo fui yo nomás, habrá que trabajar para pagar 133.333 pesos por mes’, dijo Cabaña, sin perder la sonrisa.
La condena con este joven fue la consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado, tal como anticipó DIARIO DE CUYO, logrado entre el imputado y su defensor particular, José Rodríguez, con el fiscal Achem y su colaboradora, Belén Sánchez.
Los abogados que representan a Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, no se opusieron al acuerdo.
Castro fue asistido por la defensora oficial, María Emilia Nielson, y fue desligado de la causa a pedido de Fiscalía por el juez de Garantías, Diego Manuel Sanz.