El Ministerio Público Fiscal recibió nuevas denuncias que amplían la investigación por la supuesta venta ilegal de carpetas del IPV dentro de la iglesia evangélica El Shaddai, en Rivadavia. La imputada es Karen Heredia, una mujer que asistía al templo y que, según la acusación, desde fines de 2023 ofrecía carpetas de presuntos barrios del Instituto Provincial de la Vivienda a cambio de pagos en efectivo o transferencias a sus cuentas personales. La mujer recuperó la libertad tras ofrecer devolver el dinero a otras víctimas, pero nuevamente quedó en el ojo de la tormenta tras la audiencia de formalización de este jueves 20 de noviembre, en la que se le imputó ocho nuevos hechos.
De acuerdo con la investigación realizada por los fiscales ayudantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Milena Berbari y Maximiliano Yanzón, la acusada Heredia se presentaba como intermediaria y aseguraba tener acceso a carpetas para los barrios Las Marías y Los Surcos (Chimbas) y Los Molinos (Capital). Les pedía a los interesados documentación personal —partida de nacimiento, partida de matrimonio, constancia de CUIL y certificaciones de grupo familiar— y cobraba $350.000 por cuota, en dos pagos, por cada carpeta. A cambio, enviaba supuestas facturas del IPV falsas, con membrete apócrifo y una firma digital atribuida falsamente al exdirector Marcelo Yornet.
En el último tiempo, ocho personas más se presentaron ante la fiscalía relatando hechos similares por los que Heredia ya respondió ante la Justicia con una reparación integral. Por esa razón, el Ministerio Público solicitó la ampliación del objeto procesal este jueves para que Heredia y su defensa tomen conocimiento de las nuevas imputaciones.
Las víctimas relataron hechos con un patrón común: pagaron entre 350 y 700 mil pesos por carpetas supuestamente habilitadas por el IPV. Todas las transacciones se hicieron a nombre de Karen Heredia, mediante transferencias o pagos en efectivo. Con los pagos recibidos, la sospechosa se hizo con un monto de 6.369.316,47 de pesos, valor actualizado a la fecha por índice de inflación.
Aparentemente, la imputada enviaba comprobantes apócrifos, con firmas electrónicas falsas y membretes adulterados del IPV. Les prometía fechas de entrega de viviendas que nunca se concretaron.
En algunos casos, ofreció cambiar de barrio porque “había disponibilidad”, lo que mantenía la expectativa de los compradores. Después de recibir el dinero, muchas veces dejaba de responder mensajes o demoraba las entregas con excusas.
Varias víctimas llegaron a pagar la primera cuota sin saber que otras personas de la misma iglesia ya habían denunciado el engaño.
A raíz de estos nuevos hechos, la fiscalía formalizó la ampliación de la imputación para que Heredia responda por todas las denuncias en el marco de la investigación penal preparatoria. La causa continúa en curso, con medidas pendientes y declaraciones por recibir.
Acuerdo con otras víctimas
La investigación por estafa comenzó en diciembre de 2024. En abril de 2025 se realizaron allanamientos en la iglesia El Shaddai y en el domicilio de Heredia, donde los investigadores secuestraron carpetas, listados y más de 50.000 fojas con documentación de personas que habían entregado dinero para acceder a viviendas sociales.
Tras esa instancia, la justicia le imputó estafa bajo el artículo 172 del Código Penal, con 35 hechos en concurso real.
El 6 de junio de 2025, Heredia firmó un acuerdo de reparación integral junto a su defensa. Se comprometió a restituir el dinero a todas las personas afectadas, incluidas aquellas cuyas denuncias aún no estaban formalizadas, y a actualizar los montos según el valor abonado. La cláusula quinta determinó que, si cumplía con la reparación, la acción penal podría extinguirse respecto de los denunciantes incluidos.
Según lo convenido por las partes, la suma establecida por la reparación integral a cargo de Heredia ascendió a 10.522.256 de pesos. Este monto se desglosó 9.200.000 en concepto de capital, el que fue abonado por la defensa el mismo día de la audiencia mediante depósito y transferencia.
Adicionalmente, se acordó el pago de 1.322.256 de pesos en concepto de intereses, a abonarse en dos cuotas iguales de 661.128, con vencimientos el 6 de julio y 6 de agosto de este año.