Después de numerosas idas y venidas, con discusiones que llegaron a la Corte de Justicia sobre quiénes debían investigar el caso de presuntas firmas falsas en un juicio civil que involucraba a dos abogados, madre e hijo, el fiscal que finalmente intervino, José Tomás Plaza (UFI Genérica), consideró que el supuesto delito atribuido a ambos profesionales. falsificación de documento privado, ya prescribió, porque pasaron más de 2 años (tope del plazo) desde que se denunció el delito, dijeron fuentes judiciales.
‘Así se sienta jurisprudencia, en San Juan se legaliza la falsificación de firmas. Esto es muy grave. Esta decisión no implica que sean inocentes, pero si queda firme, la doctora Díaz (Sonia) no podrá ser investigada dos veces por el mismo delito. Por eso apelamos y no vamos a bajar los brazos en le pelea por nuestros derechos. Hemos sufrido muchas faltas de respeto, hasta pruebas nos han hecho desaparecer’, dijo la ingeniera Zulma Ledezma, representante de la Parte Querellante.
El punto de la discordia en el juicio civil se desató unos 15 años atrás, cuando empezó a discutirse cómo dividir una hectárea y media en 156 personas. Ese terreno, fue lo poco que recibieron tras haber sido estafados con el emprendimiento de ‘Condor Propiedades’, hace más de 37 años.
Entonces Cabaña reclamó un solo lote para ella, algo imposible por las exigencias legales de cómo debe fraccionarse un terreno en esa zona de Rawson. O que se venda toda la tierra para obtener su parte. Luego de la denuncia por presuntas firmas falsas, hubo un intento de conciliación en la Unidad de Soluciones Alternativas, pero resultó en nuevos cruces: porque Cabaña y los abogados denunciados, reclamaron 18.000 dólares y disculpas públicas, en medios de comunicación y redes sociales.
‘Es como si el asesino pidiera plata o que le paguen porque la víctima se atravesó en el camino de su puñal’, había dicho Ledesma.
Ante la respuesta fiscal, la Parte Querellante impugnó la decisión. A través de su abogado, Mario Arancibia, cuestionan la decisión del fiscal Plaza, porque consideran que ocurrió otra maniobra delictiva: falsificación de documento público para perpetrar una estafa procesal, que tienen un plazo mayor de prescripción: 6 años luego de la denuncia.
El argumento de los denunciantes, un escrito privado (entre varios que consideran falsificados) con una firma falsa ya corroborada por un un perito oficial, se convirtió en un instrumento público. Y sirvió para engañar al magistrado (estafa procesal) que concedió la apelación de Cabaña, a través de sus abogados, cuestionando la forma de dividir el terreno en más de un propietario por lote.
El caso aún sigue abierto, con final incierto, porque en la Justicia Civil no avanzarán hasta que se resuelva la discusión en el fuero penal.