El Gobierno de Perú aprobó la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” o “Montana”, para que sea procesado por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución Suprema 041-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el presidente interino José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez.

Valverde está acusado del asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, crímenes cometidos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 en una vivienda del conurbano bonaerense. Según la imputación de la Justicia argentina, los homicidios se produjeron con premeditación, ensañamiento, alevosía y en un contexto de violencia de género reiterada.

Tras la aprobación formal, las autoridades de Perú y Argentina deberán coordinar los pasos para concretar la entrega del imputado, que permanece detenido en un centro penitenciario de la provincia limeña de Cañete. En esa zona fue capturado por la Policía Nacional del Perú en septiembre de 2025, luego de permanecer prófugo tras huir del país.

La extradición ya había sido considerada procedente en noviembre de 2025 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema peruana, que verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en el Acuerdo de Extradición entre ambos países, entre ellos la doble incriminación y la pena mínima exigida. En su resolución, el máximo tribunal peruano sostuvo que no existían impedimentos de derecho internacional ni interno para conceder el pedido formulado por la Argentina.

Además de los homicidios, a Valverde se le atribuye haber participado en el ocultamiento de los cuerpos, que fueron enterrados en un pozo cavado por un tercero, presuntamente a cambio de dinero y estupefacientes. Ese dato forma parte del requerimiento de extradición elevado por la Justicia argentina.

La detención de “Pequeño J” fue el resultado de una operación internacional coordinada entre fuerzas de seguridad de ambos países. Previamente, la policía peruana había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, señalado como integrante de la red de apoyo del acusado. A partir de ese arresto, los investigadores simularon comunicaciones con Valverde para inducirlo a desplazarse hacia un punto controlado.

El operativo final se concretó en Pucusana, al sur de Lima, cuando el camión de carga en el que Valverde se ocultaba debió detenerse por un bloqueo de pescadores sobre la ruta Panamericana. Allí fue interceptado por efectivos de civil de la Dirección Antidrogas de la PNP, sin que se registraran incidentes.

La investigación permitió reconstruir una extensa ruta de fuga que incluyó pasos clandestinos desde Argentina hacia Bolivia y luego hacia Perú, sin registros oficiales de ingreso. El rastreo telefónico y la triangulación de señales resultaron claves para anticipar su llegada al país vecino y concretar la captura. Con la extradición aprobada, Valverde quedará a disposición de la Justicia argentina para enfrentar los cargos por uno de los casos más conmocionantes de violencia de género de los últimos años.