Un hecho policial ocurrido en el microcentro de San Juan destapó una presunta trama de irregularidades dentro de la concesionaria Branka Motors, que podría dejar cerca de 100 personas damnificadas. La investigación avanza en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde ya se otorgaron turnos diarios para que los afectados formalicen sus denuncias.
Según pudo saber DIARIO DE CUYO, entre esta semana y la próxima se asignaron 12 turnos por día en Tribunales para clientes que aseguran haber pagado planes de financiación o el total del valor de una motocicleta sin recibir la unidad prometida. Solo este martes 20 de enero de 2026, de los 12 turnos otorgados se concretaron 10 denuncias, y se prevé que el número continúe en aumento.
La situación salió a la luz tras la detención de un hombre que intentó llevarse una moto del local, ubicado en avenida Rioja y 25 de Mayo, cansado de esperar la entrega de la suya. El episodio derivó en una denuncia por robo y tuvo amplia repercusión mediática. A partir de esa difusión, comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas que afirmaron atravesar el mismo problema.
Los damnificados aseguran haber entregado sumas que en algunos casos alcanzan casi los 2 millones de pesos. De acuerdo a los contratos firmados, la entrega debía realizarse luego del pago de la tercera cuota o, en las compras al contado, en un plazo de entre 7 y 20 días hábiles. Sin embargo, denuncian que esos plazos nunca se cumplieron.
“Cuando llegaba la fecha de entrega empezaban las excusas: que las motos estaban demoradas y que había que renovar el contrato. Así nos hicieron volver a firmar una y otra vez”, relató uno de los afectados.
Este lunes por la mañana, decenas de personas se concentraron frente al local de Branka Motors para reclamar por las presuntas maniobras de estafa. Según indicaron, al ingresar al comercio les informaron que no hay motos disponibles para entregar y que tampoco se devolvería el dinero abonado. Dentro del local solo habría empleados o encargados, sin presencia visible de unidades a la venta.
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Ante la creciente cantidad de personas que intentaban denunciar en comisarías, las autoridades resolvieron derivar directamente los casos a Tribunales para organizar la recepción de denuncias. La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia, junto a ayudantes fiscales y colaboradores, y promete tener un amplio desarrollo judicial.
Mientras continúan llegando más damnificados al lugar, la tensión y la preocupación aumentan. Los afectados evalúan avanzar con denuncias penales y presentaciones ante organismos de Defensa del Consumidor, en un caso que recién comienza y podría convertirse en una de las estafas masivas más importantes de los últimos tiempos en la provincia.