El médico jubilado y también abogado, Jorge Luis Gil, accedió hoy a un beneficio legal, la probation (suspensión del juicio a prueba) que promete hacerlo zafar con un sobreseimiento de su presunta vinculación a un hecho escandaloso: haber mentido durante el juicio que, finalmente, concluyó con una condena de 1 año y 6 meses por lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia de género contra Mario Parisí, exhombre fuerte del Poder Judicial, pues al momento de la denuncia de su expareja, en noviembre de 2021, era coordinador y supervisor en el fuero penal.

El 26 de agosto de 2024, Gil quedó imputado de cometer el delito de falso testimonio, pues negó haberle llevado a la denunciante un sobre con 4.660 dólares y pasajes para países de centroamérica, para que cambie su versión y diga que ella había iniciado la agresión contra Parisí. Según la acusación, al ver que su ‘gestión’ no prosperaría, llamó por teléfono al también funcionario judicial, Pablo Ortega, para que convenciera a la mujer, pero Gil también negó haber contactado a Ortega. Sobre el presunto hecho de haber llevado un sobre con el dinero, dijo que en realidad llevaba un código penal; también negó haber llamado a Ortega.

Sin embargo en su fallo condenatorio, la jueza Carolina Parra, dio por acreditado que tanto Gil como Ortega buscaron convencer a la víctima para evitar el escándalo que finalmente llevó a la condena de Parisí y su posterior renuncia, camino que también siguió Ortega.

Fue el abogado defensor de Gil, Fernando Castro, quien propuso conceder la probation a su cliente. Porque no registra condenas previas, porque no era ni es funcionario público y porque la escala del delito lo permite. Y la fiscal coordinador, Daniela Pringles, con sus colaboradores, Rodrigo Herrera y Ana Paula Amarfil (UFI Genérica) entendieron que correspondía para el caso esa salida.

Así, el juicio que debía realizarse contra Gil se suspenderá durante un año, en el que deberá cumplir ciertas reglas de conducta, como fijar un domicilio y presentarse cada vez que sea citado. Además, deberá realizar 12 horas de trabajo comunitario (a desplegar en 4 meses) en algún centro de salud en el que sea más aprovechable su especialidad (generalista y terapia intensiva) y realizar un pago simbólico para reparar el perjuicio causado, unos 3 millones de pesos en tres cuotas consecutivas que vencerán el día 20 de cada mes (a comenzar en setiembre) e irán a parar a un merendero.

Si no cumple con alguna de estas imposiciones, se revocará la decisión que adoptó ayer el juez Diego Manuel Sanz, y el caso llegará a juicio.