Una causa por presuntas estafas vinculadas a trabajos de carpintería terminó con un acuerdo de reparación integral superior a los $8 millones para diez personas damnificadas en San Juan. El imputado es Juan Antonio Medina, investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas luego de una serie de denuncias por encargos que habían sido pagados pero que, según los denunciantes, nunca fueron concretados.
Prometió trabajos de carpintería, recibió el dinero y nunca cumplió: acordó pagar más de $8 millones para reparar el daño
El acusado quedó involucrado en una causa que reunió a diez damnificados. La Justicia homologó los acuerdos de reparación, que contemplan distintos cronogramas de pago y la entrega de un mueble.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto y acumuló distintas presentaciones contra Medina. De acuerdo con lo denunciado, el hombre recibía dinero por la fabricación de muebles y otros trabajos de carpintería, pero posteriormente incumplía los compromisos asumidos con los clientes.
Más de $8 millones para reparar el perjuicio
Durante el proceso se alcanzaron acuerdos entre el imputado y las diez personas damnificadas. El juez Diego Manuel Sanz hizo lugar a las propuestas de reparación integral, que contemplan la devolución de dinero según las condiciones pactadas individualmente con cada víctima.
En total, los compromisos económicos ascienden a $8.023.006,89. A ese monto se suma la entrega de un mueble desayunador con características técnicas específicas, que forma parte de uno de los acuerdos alcanzados en la causa.
Los pagos no se realizarán todos de una sola vez. La resolución establece diferentes modalidades, entre ellas pagos únicos y cuotas mensuales, con vencimientos previstos entre octubre de 2026 y febrero de 2027. El cumplimiento deberá efectuarse ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), de acuerdo con el cronograma fijado judicialmente.
La investigación continuará hasta que cumpla los acuerdos
Pese a la aprobación de la reparación integral, el proceso penal todavía no terminó. El juez dispuso prorrogar por 180 días la investigación penal preparatoria y extendió durante el mismo período las medidas cautelares que pesan sobre Medina.
Entre esas obligaciones se encuentran continuar sometido al proceso judicial, presentarse cada quince días ante la dependencia policial correspondiente, no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial y mantener retenidos sus documentos de viaje.
La extinción de la acción penal quedará supeditada al cumplimiento efectivo de todos los compromisos asumidos con los damnificados. Una vez canceladas las sumas acordadas y cumplida la entrega pendiente, el imputado podrá solicitar el sobreseimiento correspondiente.