El juez del Tribunal de Impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal (h) rechazó los reclamos de los abogados defensores de dos de los tres imputados de haber cometido estafas a través de una asociación civil ficticia (La Asociación Civil Virgen del Valle, no figura en Personería Jurídica) para la construcción de 120 viviendas por medio de una operatoria del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda).
Beatriz Bolado como presidenta, su hermano Roberto como secretario y Paola Masquijo como tesorera, figuran en el contrato firmado con los 3 denunciantes (por ahora) para esa operatoria en el año 2015, sin que hasta la fecha se construyera nada porque nunca consiguieron terreno, requisito fundamental para que el IPV pueda concretar la obra, dijo ayer el fiscal Nicolás Alvo (UFI de Delitos Informáticos y Estafas).
Jorge Nicolás Ramirez Manrique, defensor de Roberto Bolado, planteó la prescripción de la acción penal porque -a su entender- desde la firma del contrato hasta las primeras dos denuncias, el 18 de marzo pasado, no hubo ningún acto que interrumpiera la acción.
El fiscal Alvo y la abogada de la parte querellante, Fabiana Salinas, se opusieron, por entender que se estaba en presencia de un delito continuado que aún producía perjuicios a los denunciantes, quienes pagaron 110.000 pesos por la compra de la carpeta para la prometida casa y de ahí cuotas de 150 mil pesos por mes para la asociación. El juez adhirió a este planteo y rechazó el reclamo del letrado.
También rechazó, pero parcialmente, el pedido de Martín Zuleta para que su clienta, Masquijo, no sea imputada. El letrado argumentó que en el pedido formal para iniciar la investigación, a su clienta no le habían dicho los hechos y las pruebas en su contra, es decir cuándo y de qué manera actuó en las estafas que le atribuían. El juez entendió también lo mismo, pero consideró que sí debe seguir imputada, aunque revocó las medidas cautelares en su contra.