La causa judicial por el trágico choque ocurrido en Santa Lucía en julio del año pasado llegó a su fin con una condena contra Graciela Aballay, quien fue hallada culpable por la muerte del motociclista Naiquen Trindade y las lesiones padecidas por Sol Cerrutti.
Santa Lucía: condenaron a una conductora que cruzó Ruta 20 y provocó un choque mortal
Graciela Aballay recibió 3 años de prisión condicional por el choque fatal en Ruta 20 que causó la muerte de Naiquen Trindade, en Santa Lucía.
Juicio abreviado y condena
La sentencia fue resultado de un acuerdo de juicio abreviado en el que la imputada reconoció su responsabilidad penal. De esta manera, recibió tres años de prisión condicional, por lo que no deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial, aunque sí quedó inhabilitada para manejar vehículos a motor por el plazo de seis años.
La investigación estuvo encabezada por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes sostuvieron que la mujer incurrió en una conducción imprudente que derivó en la tragedia.
El hecho
El hecho ocurrió el 6 de julio de 2025, cerca de las 16:30, en el cruce de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. Según la reconstrucción realizada durante la investigación, Trindade circulaba junto a Cerrutti en una motocicleta Rouser 200 cc cuando impactaron violentamente contra un Toyota Corolla conducido por Aballay.
Las pericias y testimonios incorporados al expediente señalaron que el automóvil habría intentado atravesar la ruta sin advertir la proximidad de la moto, lo que provocó la colisión. Tras el impacto, el rodado menor se incendió y sus ocupantes sufrieron heridas gravísimas.
El cuadro más delicado fue el de Trindade, de 23 años, quien fue internado de urgencia en el Hospital Rawson con severos traumatismos, fracturas múltiples y lesiones internas. Permaneció varios días en Terapia Intensiva, pero falleció nueve días después debido a la gravedad de las heridas.
En tanto, Cerrutti también sufrió importantes lesiones, entre ellas fractura de pelvis y múltiples traumatismos, por lo que debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
Tras la muerte del joven motociclista, la conductora fue imputada formalmente y atravesó el proceso judicial bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. Posteriormente, la jueza interviniente le permitió continuar en libertad mientras avanzaba la Investigación Penal Preparatoria, aunque bajo estrictas condiciones judiciales.
Finalmente, el reconocimiento de culpabilidad permitió cerrar el expediente mediante un juicio abreviado, evitando así la realización de un debate oral.