A más de un año de haber quedado bajo sospecha por un controvertido episodio en una comisaría, el juez Roberto Montilla fue sobreseído definitivamente. La decisión se tomó este lunes cuando el juez de Garantías, Leonardo Pablo León, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que consideró que no existían elementos para sostener la acusación penal en su contra.
Sobreseyeron al juez Roberto Montilla, sospechado de usar su cargo para favorecer a un detenido
La fiscalía concluyó que no existieron pruebas suficientes para sostener la acusación por usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.
El juez Montilla quedó sobreseído de la causa
El magistrado había sido investigado por los presuntos delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, tras el avance de la causa, el Ministerio Público concluyó que la conducta analizada no encuadra en ninguna figura penal, lo que derivó en el cierre definitivo del proceso.
Durante la audiencia —a la que Montilla no asistió—, el fiscal Iván Grassi sostuvo que “el hecho investigado no encuadra en una figura legal penal”. En esa línea, explicó que la intervención del juez se limitó a una sugerencia y no constituyó una orden formal ni una injerencia indebida en funciones ajenas.
La causa se había iniciado el 7 de abril de 2025, a partir de una denuncia presentada por la entonces fiscal de Flagrancia, María Paula Carena. A partir de allí, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales tomó intervención y avanzó con la imputación.
Cómo se inició la denuncia
El origen del caso se remonta a dos días antes de la denuncia, cuando José Benito Martín fue detenido por una presunta estafa y alojado en la Comisaría 4ª. En ese contexto, Montilla se comunicó con la dependencia policial, manifestó conocer al detenido y sugirió que fuera trasladado a un hogar de residencia para adultos mayores, incluso comprometiéndose —según la denuncia— a gestionar esa posibilidad.
Esa intervención generó un fuerte revuelo institucional y derivó en la imputación impulsada por el fiscal Grassi. No obstante, tras la recolección de pruebas durante la Investigación Penal Preparatoria, la fiscalía determinó que no hubo orden alguna ni ejercicio indebido de autoridad.
En el mismo sentido, la ayudante fiscal Victoria Martín afirmó que “no se advierten actos propios de la investidura de un juez en el accionar de Montilla”, y agregó que tampoco existió intromisión en competencias ajenas ni emisión de resoluciones contrarias a derecho.
Investigarán la conducta del magistrado
A pesar del sobreseimiento, el fiscal Grassi calificó el comportamiento del magistrado como “extraño e inusual” y solicitó que se remita copia del dictamen a la sala de superintendencia de la Corte de Justicia para evaluar su accionar desde el punto de vista administrativo o disciplinario.
El planteo fue objetado por el defensor oficial Alejandro Martín García, aunque finalmente quedó establecido que se trató de una solicitud del Ministerio Público y no de una disposición del juez que resolvió la causa.
De este modo, la Justicia cerró el expediente penal contra Montilla, aunque el episodio podría aún tener derivaciones en el ámbito institucional.