La audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum comenzó este miércoles 14 de octubre en Tribunales de San Juan, pero quedó suspendida por decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero.
Suspendieron la audiencia por el Acueducto Gran Tulum y la Fiscalía pidió el desafuero de Uñac y Andino
La jueza Mónica Lucero rechazó la audiencia por Zoom en la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra. El fiscal Sebastián Gómez solicitó el desafuero de los dos legisladores nacionales para garantizar su comparecencia.
La magistrada consideró que la instancia debía postergarse hasta que estén presentes los 11 investigados. Tras la resolución, el fiscal Sebastián Gómez cuestionó la medida y pidió el desafuero del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, y se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. Entre los investigados se encuentran los dos legisladores nacionales, además de exfuncionarios y representantes vinculados con la obra.
Cruces entre la Fiscalía y la jueza por las ausencias
Uno de los primeros puntos de discusión surgió cuando los fiscales solicitaron que los investigados se presentaran. Lucero rechazó el pedido al considerar que era responsabilidad de la Fiscalía conocer quiénes estaban presentes y quiénes habían faltado.
En ese contexto, se conoció que Cristian Andino no estaba en Tribunales. La jueza no autorizó que el diputado participara por Zoom, aunque aceptó la justificación de su ausencia. El legislador presentó pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales.
Por su parte, Sergio Uñac justificó su inasistencia mediante un escrito que fue leído durante la audiencia por su abogado, Marcelo Fernández, designado como defensor del senador. En la presentación, el legislador citó normas nacionales y provinciales, artículos del Código Penal y de la Constitución para fundamentar su postura. Además, adelantó que no prestará declaración durante esta audiencia y que, si decide hacerlo más adelante, será por escrito.
Tras escuchar las justificaciones, Lucero resolvió suspender la audiencia hasta que estén presentes los 11 investigados. La decisión provocó un nuevo cruce con el fiscal Gómez, quien sostuvo que las obligaciones laborales no constituyen una justificación válida para ausentarse de una instancia judicial de estas características.
La Fiscalía pidió el desafuero de Uñac y Andino
Luego de cuestionar la suspensión, Sebastián Gómez solicitó el desafuero de Sergio Uñac y Cristian Andino con el objetivo de asegurar que ambos legisladores nacionales comparezcan ante la Justicia sanjuanina.
El planteo se produjo en medio de las diferencias entre el Ministerio Público Fiscal y la jueza Lucero respecto de las ausencias y la continuidad de la audiencia. La magistrada, por su parte, defendió su facultad de considerar justificada la inasistencia de Andino y sostuvo que la Fiscalía no necesita que ella le corra vista de sus decisiones.
Otro de los puntos que generó controversia fue la designación de Marcelo Fernández como abogado de Uñac. Gómez pidió que se precisara el momento en que se formalizó el nombramiento, debido a que inicialmente se había planteado que ocurrió apenas diez minutos antes del comienzo de la audiencia.
Sin embargo, los registros del sistema judicial indican que Uñac designó a Fernández el 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia, un dato que surgió durante la discusión.
Los investigados que llegaron a Tribunales
Entre quienes se presentaron en Tribunales estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, de Krah América Latina.
La defensa de Sirerol, Ruiz y Juan Sánchez está a cargo de Juan Pablo Ortega y Naser Uzair. Ortega, exsecretario relator de la Corte de Justicia de San Juan, renunció en agosto de 2022 tras quedar involucrado en una investigación por presuntas maniobras de armado de causas. En noviembre de ese año fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su esposa fue posteriormente sobreseída.
La audiencia quedó interrumpida en medio de los cuestionamientos de la Fiscalía y del pedido de desafuero de los dos legisladores nacionales. La causa busca avanzar sobre las presuntas irregularidades vinculadas con la obra del Acueducto Gran Tulum, aunque la exposición formal de los hechos atribuidos a los 11 investigados quedó pendiente.