La audiencia de formalización de la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum comenzó este miércoles con restricciones para el desarrollo de la jornada judicial. La jueza de Garantías Mónica Lucero informó a la prensa que no permitirá que los investigados participen mediante videoconferencia y dispuso limitar la circulación en el pasillo de audiencias por razones de seguridad.
"No autorizo las audiencias virtuales", afirmó la magistrada ante los periodistas que se encontraban en el lugar. Además, explicó que la circulación por el pasillo de audiencias quedó restringida por motivos de seguridad. Los trabajadores de prensa fueron ubicados en una sala contigua a la sala oficial.
La decisión tiene relevancia en una causa en la que fueron notificadas 11 personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el exresponsable de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y actual diputado nacional Cristian Andino.
Ninguno de los dos legisladores del justicialismo está presente, sin embargo el sanmartiniano está justificado por la jueza. Andino fue el único que presentó la documentación de rigor a través del abogado Guillermo Toranzo. En tanto, el exgobernador estuvo representado por el letrado Marcelo Fernández Fernández.
Entre los presentes estaban Julio Ortiz Andino, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, además de representantes de la Fiscalía de Estado.
La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro al frente de las actuaciones.
La audiencia había sido fijada para este 14 de octubre ante Lucero y busca avanzar en la formalización de la investigación. La convocatoria alcanza a 11 personas vinculadas con la obra del Acueducto Gran Tulum. La notificación para comparecer no implica, por sí misma, que exista una imputación penal ni que se haya determinado responsabilidad.
El desarrollo de la audiencia se produce, además, en medio de un planteo de competencia federal presentado por la defensa de Sergio Ruiz, que busca que la causa pase a la Justicia nacional. El expediente relacionado con esa presentación quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo del juez Daniel Rafecas.