La causa que investiga a tres hombres acusados de robar cables telefónicos haciéndose pasar por técnicos de fibra óptica sumó este lunes una definición clave: no hubo acuerdo para avanzar con un juicio abreviado ni para otorgar probation, por lo que la Justicia resolvió prorrogar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por 30 días más.
La investigación es encabezada por el fiscal Cristian Gerarduzzi, titular de la UFI Delitos Contra la Propiedad, y se inició el 1 de julio pasado en el Loteo San Felipe, en Chimbas, cuando vecinos detectaron una maniobra sospechosa que se venía repitiendo desde hacía varios días.
Según el expediente, los imputados —Mauro Gastón Brito, Francisco Neri Moi y Néstor Javier Guzmán— se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux, presuntamente alquilada, y fingían estar realizando tareas de recambio de cableado telefónico por fibra óptica para una supuesta empresa denominada “Cotel G4”, que hasta el momento no pudo ser acreditada legalmente.
La maniobra fue advertida por un vecino que dio aviso al 911. Al llegar al lugar, efectivos policiales solicitaron documentación y autorizaciones que respaldaran los trabajos, pero los presuntos técnicos no pudieron presentar absolutamente nada.
Si bien los hombres aparentaban conocimiento técnico y contaban con indumentaria acorde, al revisar los elementos de trabajo los policías constataron que solo poseían herramientas de corte, como pinzas y cizallas manuales. No había cables nuevos de fibra óptica para realizar ningún reemplazo: la única actividad que desarrollaban era la sustracción del cableado existente.
Durante el operativo se incautaron unos 400 metros de cable telefónico, que acompañaba el tendido eléctrico en los postes de luz. El material sustraído tenía una sección de casi cinco centímetros de ancho y un peso cercano a las dos toneladas, según estimaciones oficiales.
Estelunes, se esperaba resolver el caso mediante juicio abreviado para un imputado y probation para el resto, pero el abogado Federico Baistrocchi, apoderado de Telefónica Argentina, se opuso a la suspensión del juicio a prueba, lo que frustró cualquier acuerdo.
Ante ese escenario, el juez resolvió prorrogar la IPP por 30 días, período en el que la fiscalía continuará reuniendo pruebas y evaluando las salidas procesales. De no haber nuevos acuerdos, no se descarta que los acusados terminen afrontando un juicio abreviado o un juicio común, con la posibilidad de recibir penas de cumplimiento condicional, cercanas al año de prisión.