Un estudiante secundario de 18 años, fue detenido el pasado miércoles minutos antes de las 7 de mañana y ayer el juez de Garantías, Pablo León, decidió mandarlo preso preventivamente a la cárcel de Chimbas por tres meses, mientras se investiga su presunta vinculación con la tenencia y distribución de cinco videos de pornografía infantil, figura agravada porque el análisis de un médico practicado en las imágenes de los chicos explotados sexualmente, reveló que tenían menos de 13 años.
La decisión del magistrado representó un respaldo al pedido del fiscal, Duilio Ejarque, y su ayudante en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guadalupe Segado, quienes argumentaron su pedido de prisión preventiva en que, la escala de castigos previstos para la forma agravada de ese delito (de 4 a 8 años) no permite la excarcelación (el mínimo que lo posibilita es de 3 años) y también porque, libre, podría manipular electrónicamente la evidencia para intentar zafar.
Carlos Rivadeo, defensor del joven imputado, negó la vinculación de su cliente con los hechos investigados. Y ya anticipó que buscará su libertad con un reclamo ante el Tribunal de Impugnación. También espera conocer a fondo el legajo de investigación para saber si la divulgación del material prohibido, pudo ocurrir en un lapso en que el teléfono de su cliente no estaba en su poder porque se lo habían robado, informó.
El reporte sobre los cinco videos con pornografía infantil había llegado a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas el pasado mes de agosto desde la Red 24/7 que nuclea a todas las fiscalías del país. El reporte original llegó desde la organización no gubernamental Missing Children, con la información precisa sobre el teléfono utlizado para distribuir ese material por la red social WhatsApp a otros cinco usuarios.
Entonces se inició una investigación que concluyó con la captura, en Chimbas, de Jeremías Castro, un estudiante secundario, sin antecedentes penales, que ayer no dio su versión de los hechos.

