Un empresario sanjuanino, identificado como S.E.M, deberá realizar tareas comunitarias y abonar una reparación simbólica de $50.000 a la fundación FUNDAME, luego de protagonizar un incidente con la Policía en el ingreso al Parque Faunístico de Rivadavia.
La resolución se dictó en el marco del legajo caratulado por los delitos de violación de sellos y fajas de seguridad y resistencia a la autoridad. La causa estuvo a cargo de la fiscal Virginia Branca, y culminó con la concesión de una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
El episodio
El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 13, en la casilla policial ubicada sobre Ruta 60, en el ingreso al Parque Faunístico. Días antes, el empresario había sufrido el secuestro de su camioneta, una Volkswagen Amarok, por una contravención.
Según consta en la investigación, S.E.M. se presentó en el destacamento para retirar el vehículo, argumentando que ya había abonado la multa correspondiente. Sin embargo, el personal le informó que debía presentar el oficio emitido por el Juzgado de Faltas, trámite que no había realizado.
Tras recibir esa respuesta, el empresario regresó hacia su vehículo particular, pero al cruzar la ruta se dirigió directamente a la camioneta secuestrada. Allí, extrajo las llaves que llevaba entre sus pertenencias, rompió las fajas de seguridad colocadas por la autoridad e intentó abordar el rodado.
Los efectivos le dieron la voz de alto, pero el hombre se negó a acatar la orden y opuso resistencia al procedimiento. De acuerdo al parte oficial, debieron intervenir varios policías para reducirlo. En medio del forcejeo, el empresario habría gritado que no podían detenerlo y que “no sabían quién era él”, mientras se encontraba comunicándose telefónicamente, presuntamente con su abogado.
Un amigo que lo acompañaba filmó la escena, registro que dejó constancia de la resistencia al accionar policial. Posteriormente, tomó intervención la UAT y se dio aviso al fiscal de turno, Carlos Rodríguez. En el lugar también se hizo presente la madre del involucrado, quien fue informada sobre lo sucedido.
Como resultado del acuerdo alcanzado, S. E.M. accedió a la suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Entre las condiciones impuestas se encuentran la realización de 60 horas de trabajo comunitario no remunerado en un plazo de seis meses y el pago de $50.000 en concepto de reparación simbólica, suma que será destinada a FUNDAME.
De este modo, el empresario evitó una condena penal efectiva, aunque quedó sujeto al cumplimiento estricto de las reglas fijadas por la Justicia durante el período de prueba.