Detrás de una fachada de asistencia a adultos mayores vulnerables se escondía una red de despojo patrimonial que destrozó la vida de siete jubilados en San Juan. La investigación penal que acorraló a Carina Fernanda Godoy, la "Viuda Negra", y a 10 integrantes de su entorno familiar, desnudó una trama de engaño, manipulación digital y falsificación notarial con un saldo trágico: un jubilado muerto, otro desaparecido, dos sumidos en un grave deterioro físico y tres quebrados financieramente.
Un jubilado fallecido, uno desaparecido y dos deteriorados: las víctimas del Clan de la "Viuda Negra"
La Fiscalía desarticuló una red familiar que despojó de casas, jubilaciones y créditos a siete adultos mayores vulnerables tras seguir un rastro de IPs y transferencias.
El caso de la Viuda Negra
La pesquisa liderada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari expuso el calvario de las siete víctimas. Según la investigación, Godoy y su entorno elegían a los jubilados teniendo en cuenta si vivían solos o si no recibían visitas de sus hijos, una situación que les permitía acercarse y ganar su confianza sin despertar sospechas. La imputada se presentaba como una pariente de los adultos mayores, una fachada que le facilitaba ingresar a sus hogares y avanzar con las maniobras de despojo.
Un muerto, uno desaparecido y dos deteriorados físicamente
El caso más gravoso es el de Manuel Gilberto Vicentela, fallecido en abril de 2021 tras ser internado por Godoy en un geriátrico. Mediante un poder irrestricto redactado por el escribano de mala reputación César Fernández Herrera, la imputada se vendió a sí misma y traspasó a sus hijos cuatro propiedades de la víctima.
En tanto, la Justicia mantiene la búsqueda de Miguel Ángel López, un jubilado de 75 años desaparecido cuya cuenta bancaria fue usada como embudo para triangular préstamos robados a otros damnificados.
El nivel de ensañamiento se evidencia en el estado de otros dos ancianos. N. Pílez, analfabeto de 80 años, fue hallado desnutrido y hacinado luego de que la banda le usurpara su vivienda en Chimbas y tramitara créditos millonarios con su validación biométrica.
Asimismo, M. A. Correa, médico ciego y diabético, sufrió el vaciamiento de más de $50 millones de un fondo de inversión, el cambio de sus seguros de vida y la donación fraudulenta de su casa al hijo de Godoy a través de María Alejandra Pugliese Suárez, instalada en su hogar.
La lista incluye a E. R. Díaz y L. R. Díaz —paciente oncológico—, abordados con engaños para sacar créditos a su nombre, y a E. Arancibia, engañado en una estación de servicio y afectado por préstamos y consumos no autorizados en PedidosYa desviados al clan.
Pero el despojo no terminaba con la apropiación de los bienes. Los vecinos de las víctimas advirtieron que, después de que los jubilados perdían el control de sus viviendas, las casas comenzaban a ser ocupadas por integrantes del clan, que las utilizaban para organizar fiestas. Esos movimientos contrastaban con la situación de los adultos mayores, que habían sido desplazados de sus propios hogares o atravesaban un progresivo deterioro en sus condiciones de vida.
Para ejecutar la maniobra, cada imputado cumplía un rol estratégico. Mientras Carina Godoy captaba a las víctimas, sus hijos Matías Araya (prófugo), Rocío Belén Solar, Micaela Araya Godoy y Enzo Araya receptaban fondos, hacían extracciones y ocupaban las casas usurpadas. En tanto, la pareja de Godoy, José Antonio Rodríguez, cambiaba la titularidad de los servicios públicos, y allegados como Ana Sofía Aguilera, Juan Ignacio Gómez, Analía Rodríguez y Celeste Rodríguez Roldán actuaban como engranajes para dispersar el dinero en billeteras virtuales.
La pieza notarial clave fue el escribano César Fernández Herrera, quien instrumentó escrituras y poderes irregulares —incluso tras el deceso de víctimas— pese a estar inhabilitado penalmente por una condena de abuso sexual contra uno o más menores.
La caída del clan familiar
El entramado cayó gracias al rastreo tecnológico y bancario de la Fiscalía. Los investigadores detectaron que las operaciones de home banking provenían de la dirección IP del domicilio de Godoy. A esto se sumó la coincidencia de correos del clan en solicitudes de créditos, el análisis de cámaras en cajeros donde se identificó a las hijas de Godoy cotejando su ropa con sus redes sociales, y el secuestro en allanamientos de cuadernos con claves bancarias y documentos de las víctimas.
Un cerrojo probatorio que desnudó el sometimiento de siete jubilados y la caída de una red implacable. Se prevé que hayan más víctimas y se agrave la imputación contra los integrantes de la banda.