Hora de problemas para el comercializador de autos Angel Ramón Bustos. Hoy, el fiscal coordinador, Eduardo Gallastegui y sus colaboradores, Federico Pereira y Federico Martínez (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) iban a formalizar en su contra la imputación de estafas reiteradas, por haber vendido tres vehículos usados que tenían dificultades concretas para ser transferidos (embargo, prenda, prohibición de circular), ocasionándole un perjuicio económico a los compradores, dijeron fuentes judiciales.
Sin embargo el trámite se suspendió porque el juez designado para la audiencia, Sergio López Martí, entendió, tal como se lo planteó Fiscalía, que no debía intervenir, porque cuando se inició la causa había sido otro magistrado, Matías Parrón, al que le solicitaron las primeras diligencias de investigación.
Entre los que denunciaron a Bustos (es defendido por Jorge Pesquera) están la docente, Jésica Russo. Su abogado, Eduardo Javier Marún aseguró que, en su caso, su clienta había arribado a un acuerdo económico con quien le vendió un Fiat Mobi, por el que había cancelado la mitad del valor y sin poder beneficiarse del auto porque tenía prohibición para circular. Ese acuerdo, sin embargo, aún no llega a Fiscalía, organismo que debe evaluar las condiciones del pacto para saber si corresponde o no homologarlo.
Otro que denunció a Bustos fue el programador informático, Fernando Guardia Barrionuevo (asistido por Gustavo Sánchez y su hija María Rosa). Pagó 3,1 millones por un VW Polo que enseguida vendió, sin poder completar la operación con una transferencia con el nuevo comprador, porque sobre el vehículo pesaba una prenda (es decir que estaba ofrecido como garantía de una deuda). Guardia aseguró que con él no hubo conversaciones para acordar un arreglo económico.
El restante vehículo también sería un VW Polo y su comprador no habría alcanzado a cancelarlo, porque el vehículo cargaba con una orden judicial de embargo, dijeron fuentes judiciales.
Bustos podría enfrentar la investigación y defenderse. O buscar un sobreseimiento total en la causa, pues esa consecuencia le acarrearía reparar el perjuicio causado a sus denunciantes, siempre, claro está, que Fiscalía no se oponga a terminar de esa forma el conflicto penal.