La jueza Mabel Irene Moya formalizó la investigación penal contra Verónica Cristina Soria, acusada de lesiones y amenazas en perjuicio de Micaela Calderón Vargas. El incidente ocurrió el 7 de abril de 2024, cuando Soria, tras una serie de provocaciones, atacó a Calderón con una tijera, causándole lesiones en varias partes del cuerpo.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Alejandra Verónica Bazán y Roxana Riveros, expuso las evidencias del caso y solicitó la calificación provisional de los hechos como lesiones leves y amenazas simples. La defensa, a cargo de Alejandro Martín García, no se opuso a los términos del acuerdo.
Las fuentes indicaron que Soria comenzó a insultar a Calderón pasada la medianoche: “Ahí está la que quiere tener concha, cosa que nunca vas a llegar a tener”, entre otras frases. Alrededor de las 3,45, se le vuelve a acercar y le pide un cigarro y que le convide fuego, pero como Calderón continuó ignorándola, Soria sacó de entre sus prendas una tijera, de material acero, con mangos de plásticos color azul, de 15 centímetros de largo aproximadamente, y comenzó a agredirle físicamente, ocasionándole cortes en su muñeca izquierda, en la espalda y en el pecho.
Calderón se retiró de la esquina no sin antes recibir otras agresiones verbales: “Voy a caer a San Martín y te voy a matar a vos y a tu familia”. Aparentemente los vecinos observaron lo sucedido y llamaron al personal policial, quienes se hicieron presentes en el lugar luego de que se retirara Calderón.
La jueza Moya resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba a Soria, quien deberá cumplir con una serie de condiciones. Esto incluye el pago de 20.000 pesos en dos cuotas de 10.000 pesos como reparación simbólica a la víctima, además de realizar 16 horas de trabajo comunitario en el municipio de Rawson en un plazo de tres meses. También se estableció una prohibición de acercamiento a Calderón Vargas por un año y la obligación de fijar un domicilio durante dos años.
Soria quedó en libertad tras la audiencia, y las partes involucradas fueron notificadas de la resolución. Este caso resalta la importancia de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en el ámbito penal, permitiendo a la imputada evitar un juicio formal bajo ciertas condiciones.