Con drones y las cámaras especiales que utilizan las fuerzas policiales, quedó registrado el operativo prácticamente de película que montaron hace unos días las distintas reparticiones de la Policía de San Juan y la Policía Federal para desbaratar la banda narco que operaba desde el Penal de Chimbas. La noticia, que dio a conocer DIARIO DE CUYO en la tarde del lunes, y destapó la banda que está integrada por 11 personas, muchas de las cuales reos cumpliendo condena, incluso uno de ellos es el papá de la menor que falleció el martes en un incendio.

En las imágenes se puede describirse la magnitud del procedimiento en el que estuvieron involucrados efectivos dependientes de Drogas Ilegales, Grupo Geras, Infantería y Policía Federal.

A pedido del fiscal federal, Fernando Alcaraz, el juez Leopoldo Rago Gallo, imputó a 11 personas por su presunta vinculación al comercio de estupefacientes, doblemente agravado: por el número de personas organizadas para la maniobra y por el hecho de vender dentro de la cárcel, porque les dejaba más ganancias. El magistrado también le dio a Fiscalía 90 días para investigar y para 10 de los involucrados (excarceló a una mujer por el riesgo de su embarazo), dictó el mismo período de prisión preventiva, dijeron fuentes judiciales.

Los detalles del caso

En un año, los movimientos de dinero proveniente del narcotráfico detectados en cuentas bancarias y billeteras virtuales de los sospechosos, ascendió a unos 590 millones de pesos, dijeron fuentes judiciales.  Los pesquisas no descartan una posible complicidad de los penitenciarios.

El desbaratamiento de la organización se produjo por escuchas telefónicas, luego de que investigadores de la Policía Federal y de Drogas Ilegales, individualizaran a una mujer, Danisa Yasmín Aveiro, como sospechosa del ingreso de droga para su pareja que está detenido, Cristian Jesús Latorre. Ambos, padres de la niña que falleció en un incendio en la madrugada del martes, apenas horas después de que la noticia se hiciera pública.

La pesquisa telefónica arrojó que la venta de estupefacientes reportaba mayores ganancias a los involucrados. Que el monto de lo vendido por Latorre pudo ir parar a bolsillos o a cuentas de Mercado Pago de otro preso, Leonardo Jesús Arias (cumple un castigo de 4 años por drogas, dijeron). Y también a Sebastián Humberto Tobal, supuesto ‘jefe de pabellón’.

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Tobal cumple 20 años de cárcel por haber matado a Angel ‘Huevito’ Amado (18) en el Parque de Mayo, el 19 de enero de 2015. Ese crimen (con la complicidad de otras dos personas), había sido el tercer homicidio de una seguidilla de ajustes de cuentas entre dos familias.

Al momento de hacer allanamientos, en la celda de Tobal, la 104, hallaron muchas pastillas. Y en la de Latorre, la 101, 47 gramos de cocaína, precisaron.

Otra que quedó sospechada de meter droga es la pareja de Tobal, María Fernanda Ormeño. En su casa, los investigadores secuestraron 425 gramos de marihuana, una pistola 9mm, pastillas y 9 celulares, indicaron.

A su vez, un pariente de esta mujer, Carlos Alberto Ormeño (cumple una condena de 3 años y 11 meses por robo), también quedó en la mira por vender dentro de la cárcel, la cocaína y otras drogas que pudo entregarle su pareja, Rocío Rojas, cuando iba a visitarlo. A la mujer -indicaron- le encontraron 47 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una campera usualmente usada por personal del Servicio Penitenciario. Otro sospechado de comerciar drogas dentro de la cárcel es Gustavo Martín Chávez Ganga, que cumple un castigo de 4 años por infracción a la ley de estupefacientes.

Rocío Rojas fue la única en ser excarcelada por el juez, tras un pedido de su abogado defensor, Claudio Vera (también defiende a su pareja) a causa de su ‘embarazo de alto riesgo’, indicaron. El mediagüino Franco Mario Escoda (cumple un castigo de 4 años y 3 meses) y su madre, Sonia Graciela Ontiveros, también quedaron en la mira como partícipes de la organización narco. También Ricardo David Morales, a quien le incautaron algo de cocaína y marihuana.

Por el caso, está prófugo el supuesto proveedor del estupefaciente, Leonardo Saavedra, dos mujeres de apellidos Silva y Luna, un sujeto de apellido Garrido, indicaron fuentes judiciales. El defensor oficial, Esteban Chervin, Edgardo Bustos y Emanuel Torés, son los encargados de la defensa de los imputados.

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