El sumario administrativo por la fuga de Rodolfo "Fofo" Almeida del Penal de Chimbas en julio del año pasado ya está en su tramo final, con una recomendación del Ministerio de Gobierno a consideración del gobernador. Las sanciones que se piden llevarían a dos penitenciarios a perder su cargo por cesantía y a otros tres se les otorgaría la máxima cantidad de días de arresto que son 30, según dijeron fuentes calificadas. Si se define así, será la mayor pena que aplique la gestión giojista a guardiacárceles, en los últimos 5 años.

El sumario determinó que hubo negligencia para el escape del peligroso reo -que sigue prófugo- y sugiere a José Luis Gioja -que debe firmar un decreto para efectivizarlo- que le aplique fuertes castigos al personal involucrado. Según explicaron las fuentes, la responsabilidad les cabe a los vigías por "hacerse los distraídos", mientras el reo huía. Las cesantías son para un oficial que estaba de servicio y a cargo del sector de la fuga, y para el otro vigilante presente, que es un suboficial.

La cesantía es uno de los dos castigos más graves que fija el sistema disciplinarios que rige a los penitenciarios (que es similar al de la Policía). Significa que el agente es echado de la fuerza por decreto del gobernador pero tiene derecho a sus años de aporte para retirarse, a diferencia de la exoneración, que es más grave (ver aparte). Antes Gioja, durante la gestión de Nicolás Manrique, ya hubo casos de cesantías, según fuentes calificadas.

Además, el sumario administrativo en trámite fija que tres guardiacárceles, que son suboficiales todos, merecen cumplir arresto por 30 días, que es un régimen que no comprende que estén tras las rejas pero sí separados de sus actividades y dentro del Servicio Penitenciario todo el día.

El proceso administrativo que resuelve el Gobierno, se lleva por un carril y por otro se está tramitando una causa judicial que, según la última información conocida, está en manos del Cuarto Juzgado Correccional, a cargo de Silvia Peña Sansó de Ruiz.

La investigación administrativa se inició a mediados del año pasado, tras el escape de Almeida que fue muy renombrado, porque se dio un día antes del Día del Servicio Penitenciario, lo que dio pie para que las autoridades sugirieran que el reo escapó de la cárcel gracias a la ayuda de los cuidadores.

En esa oportunidad, hubo discursos cargados de alusiones a la "falta de vocación" de algunos integrantes de la fuerza, declaraciones del ministro de Gobierno, Emilio Fernández, diciendo que la situación no lo iba a amilanar y hasta una recorrida por el lugar del escape, donde el director del Servicio Penitenciario mostró a los periodistas las instalaciones -la Unidad Dos- diciendo que era imposible la huida si se tenía en cuenta la seguridad del lugar. Avila dijo en esa oportunidad que "es imposible, vean todas la medidas de seguridad que hay: alambradas altas, paredones de 5 metros de altura, rejas, carceleros y torres de control. Sin embargo, es como si se hubiese esfumado".

En agosto, fuentes gubernamentales agregaron otro ingrediente a los escapes, asegurando que las dos últimas fugas -la de Rodolfo Almeida en julio y la de José Luis Quiroga el 4 de agosto-, fueron parte de una "maniobra política".