Las casas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) destina a los veteranos de Malvinas despertaron polémica. Las dos agrupaciones que nuclean a ex combatientes en San Juan salieron a denunciar "irregularidades" en el sorteo y adjudicación del cupo que les corresponde por ley y están dispuestos a ir a la Justicia para recuperarlo. Por su parte, desde el gobierno dijeron que no hay nada todavía definitivamente adjudicado y no descartaron hacer un nuevo sorteo "si se demuestran casos ilegales".
El presidente del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS), Roberto Arroyo, y el titular de la Agrupación 2 de Abril, Walter Carrizo, sostienen que las dos terceras partes de los que entraron en el sorteo de septiembre último y la mitad de los que salieron beneficiados por el sorteo, no son veteranos de Malvinas porque no figuran en los registros oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación. Se revive así la polémica por la definición de veterano de Malvinas y el acceso a los derechos y beneficios que se manifiesta en todo el país: la ley sólo reconoce a los que pisaron las islas y actuaron en un radio no mayor a 200 millas de epicentro de conflicto (ver página 3).
Arroyo dijo que a mediados de 2009, cuando se empezó a hablar del sorteo por el bolillero de la quiniela de las primeras viviendas para la clase media del Plan Federal II, se armó una comisión de ambas agrupaciones, que representan al grueso de veteranos de Malvinas -son unos 300 en la provincia-, para hablar con el IPV, ya que por ley le corresponde a ese grupo un 1% de los techos que se construyan. Según el líder de CEAS, en la primera reunión, les extendieron una copia con 187 inscriptos firmada por el interventor del IPV, Vicente Marrelli, basada en los propios registros de inscripción del Instituto. Esto a la comisión le pareció una "rareza" porque los registros de los dos organismos daban cuenta de sólo 60 ex combatientes sin casa propia. Es decir, que el gobierno les presentó una lista con el triple de personas que ellos esperaban. Entonces, revisaron la nómina y la cruzaron con el padrón de veteranos oficial, que maneja el Ministerio de Defensa de la Nación, y con los de beneficiarios de todo tipo de pensión para el sector, marcándole en notas sucesivas al IPV que "sobraba" gente.
Según Arroyo, el IPV hizo caso casi omiso de sus presentaciones y avanzó en el sorteo con un padrón que depuraron, dejando alrededor de 140 personas en el listado para aspirar a 25 viviendas titulares y 5 suplentes. Tras el sorteo, nuevamente las organizaciones presentaron una nota a Marrelli, apuntándole que "hemos visto que de los 25 titulares preadjudicatarios y 5 suplentes, solamente 14 son realmente veteranos de Malvinas según las leyes vigentes". Además, apuntaron que un veterano de apellido Santiago figuraba dos veces y con distinto número de sorteo; y que habiéndose cerrado y publicado las inscripciones el 31 de julio de 2009 con un padrón de 148 inscriptos, fue sorteado y preadjudicado el número 152, sin conocerse a quién le corresponde.
Arroyo y Carrizo dijeron que la gota que colmó el vaso fue la entrega, la semana pasada, de un certificado de vivienda a alguien que ellos no reconocen como veteranos y que incluso habló con Cristina Fernández vía teleconferencia (ver aparte). "Puede ser que haya amiguismos o que lo hayan engañado al gobernador", sostuvo Arroyo. Carrizo agregó que ellos le marcaron al gobierno caso por caso a quiénes no reconocen como veteranos pero que desconocen quiénes son y que quizá se hayan anotado como veteranos cuando en realidad nunca estuvieron en el teatro de operaciones bélico o estuvieron en otros conflictos como La Tablada.
Desde el gobierno, el ministro de Infraestructura, José Strada, dijo sobre las supuestas irregularidades que "yo no tengo esa información", pero agregó que "digamos lo siguiente, las casas no se han entregado todavía de manera definitiva y si hay alguna irregularidad que se cometa, si se demuestra que hay una situación ilegal, no le vamos a dar la casa". El funcionario agregó sobre el supuesto falso veterano que habló con la Presidenta, que "no sé si le dimos la llave pero aún así, si se le dio la llave, se puede dar marcha atrás". Strada coincidió con Arroyo y Carrizo en que las viviendas son exclusivamente para veteranos de Malvinas.
"No sé porque figuran (otras personas). Amiguismos no creo. Si hay algún caso que no reúne las condiciones se verá, eso forma parte de evaluación", aseguró el ministro. Consultado sobre si puede haber un nuevo sorteo entre el grupo que cumpla los requisitos, el ministro respondió "supongo que sí".