La Justicia Federal pasó el filtro en las 31 operaciones de compra y venta que realizaron 21 empresas con el IPV y según confiaron fuentes calificadas, las que quedaron en la mira por presuntos sobreprecios son 16 transacciones de 10 compañías. La depuración se produjo luego de que los investigadores analizaran la documentación que recolectaron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac, más los expedientes secuestrados el miércoles en la repartición pública ¿Cuál era el mecanismo? Comprar un inmueble a un determinado valor y en el mismo día o pocos días después, lograr la venta con el instituto de la vivienda local por un monto superior de hasta el 200 por ciento. Lo que se busca determinar es si hubo un manejo irregular de los recursos de origen nacional, un perjuicio para el Estado y complicidades entre funcionarios y empresarios.

Si bien son 10 las compañías, de las cuales no trascendieron sus nombres, algunas de ellas adquirieron y vendieron más de un terreno, por lo que así totalizaron las 16 transacciones. De acuerdo a las fuentes, las distintas operaciones se concretaron desde diciembre de 2014 hasta septiembre de 2015. Los registros revelan casos de empresas que compraron y comercializaron lotes con el IPV el mismo día, a los 2, 3, 6, 7 y 14 días después. Y lo llamativo es que la diferencia en la transacción llegó a ser del 200 por ciento. Tal situación en un margen tan corto de tiempo, cuando las condiciones de mercado eran las mismas, despertó la sospecha de sobreprecios de los organismos nacionales dedicados a seguir los movimientos financieros y la Justicia Federal. Las fuentes no descartan la hipótesis de que las constructoras hayan tenido la suerte o la habilidad para negociar y conseguir los inmuebles a un buen precio y que después la repartición estatal haya comprado al valor que correspondía, pero no dejaban de reconocer que los casos, de mínima, son sospechosos.

La causa está centrada en el plan de construcción de viviendas llamado Techo Digno, que firmó la gestión pasada con la administración kirchnerista. En el marco de ese programa, son 3 las licitaciones en la mira, que se hicieron en 2014 para levantar casas en Rawson, Chimbas y Pocito. El proceso se realizó con aporte de terreno, es decir las constructoras ofrecieron los lotes para edificar los barrios y el IPV se los compró a las que resultaron adjudicatarias de las obras.

Las operaciones entre los dueños de los terrenos y las constructoras y entre estas y el Estado quedaron asentadas en escribanías y el Registro Inmobiliario. Estos últimos están obligados por ley a informar las transacciones superiores a 500 mil pesos a la UIF. En el organismo detectaron las diferencias en la compra venta y enviaron los datos a la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quien a su vez realizó una investigación preliminar y radicó la denuncia en la Fiscalía Federal con asiento en San Juan hace unos 11 días.

La causa se abrió y la investigación apunta a establecer si existió o no una defraudación contra el Estado y lavado con el dinero de la obra pública.