Los cuatro gremios que nuclean a gran parte de los empleados contratados de la Administración Pública Central concuerdan con los requisitos establecidos en el proyecto de ley que elaboró el Gobierno provincial para el traspaso de esos trabajadores a planta permanente. Los representantes de UPCN, SOEME, ATSA y ATE, en líneas generales, están a favor de que se incorporen a los empleados que se desempeñan desde antes del 31 de diciembre de 2010 y que regularicen su situación fiscal.
José Villa, de UPCN, no criticó la fecha estipulada, ya que indicó que van a seguir dialogando con el oficialismo para incorporar más gente. Con respecto a la cancelación de impuestos, el gremialista y diputado electo destacó que se trata de una obligación y que habrá facilidades de pago.
Por su parte, Alfredo Duarte, de ATSA, explicó que como en el área de salud se presta un servicio esencial, han consensuado con la gestión giojista que los contratados del 2011 irán quedando efectivos gradualmente. El titular del gremio de la Sanidad expresó que los empleados deben cumplir con las normas tributarias.
Eduardo Servera, secretario general de SOEME manifestó que está de acuerdo que se tenga como prioridad al personal que se ha desempeñado desde antes de 2010 y de mayor antigüedad y que todos deben cumplir con la parte impositiva, dado que la medida contiene un plan de regularización.
Hugo Leglise, de ATE, resaltó que no tiene ninguna objeción con la fecha establecida en el proyecto y que los trabajadores deben pagar sus impuestos pero aclaró que ese requisito debe efectuarse una vez que estén dentro de planta permanente.
El Gobierno autorizó, de manera extraordinaria, el nombramiento de 4.663 contratados, medida que implica un gasto adicional de 12 millones de pesos por mes. El proyecto de ley fue enviado a la Cámara de Diputados y el ministro Aldo Molina estuvo reunido con los legisladores a quienes les explicó todos los detalles. Los diputados tienen previsto reunirse con dirigentes sindicales para ‘escuchar‘ sus propuestas, según dijo Julio Coll.
Los requisitos que se presentaban como posibles puntos conflictivos eran la fecha tope de incorporación de contratados y la cancelación de los tributos. Sin embargo, Villa y Duarte se mostraron confiados en que el Gobierno seguirá nombrando personal. Servera valoró que se prioricen a los empleados con más años de trabajo, mientras que Leglise dijo que no tiene problemas con la fecha designada. Todos coincidieron en que los contratados no deben tener deudas tributarias pero este último remarcó que el Gobierno debe exigir su pago recién cuando se encuentren efectivos.