Conciliación. El fiscal de Estado, Jorge Alvo (detrás) junto al abogado de la repartición Claudio Álvarez.


Tras casi un mes de diálogo entre las partes, Salud Pública y trasportistas privados nucleados en la Federación Sanjuanina de Organizaciones No Gubernamentales de y para Personas con Discapacidad (Fesandi) llegaron a un acuerdo de conciliación en la Justicia Federal. El acuerdo dejó sin efecto el amparo que habían presentado en enero las firmas locales al convenio que firmó la provincia con el Gobierno nacional por el control y administración del transporte de personas con discapacidad. Dicho servicio fue incorporado en el programa Federal Incluir Salud (ex Profe), el cual está destinado a dar cobertura sanitaria a todas aquellas personas que cuentan con una pensión no contributiva.

Los particulares habían rechazado el convenio entre la provincia y la Nación por entender que con la intervención de Salud Pública verían disminuido el valor a percibir por kilómetro recorrido, establecido como referencia por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la administración central, ese valor es de 20,09 pesos por kilómetro recorrido entre el domicilio y la institución educativa o de rehabilitación a la que asista el paciente. 

Hay unas 550 personas con discapacidad que se movilizan a través de un transporte.

La cartera que conduce Alejandra Venerando había adelantado que estaba de acuerdo con el valor, pero los empresarios apuntaban que el mismo debía quedar reflejado en una resolución ministerial, con la rúbrica de la funcionaria. Venerando accedió al pedido y emitió el documento que fue firmado el martes. La resolución fue presentada ayer ante el juez federal Miguel Gálvez, por lo que el conflicto quedó solucionado.

De acuerdo al documento, el valor de 20,09 pesos por kilómetro sólo será modificado cuando la ANDIS disponga la actualización del valor de la prestación por transporte. 

Según indicó Claudio Álvarez, abogado representante de Fiscalía de Estado en la conciliación, "los amparistas se mostraron de acuerdo con todo lo establecido. Ellos lo único que objetaban era el valor del kilómetro por lo que el control, desde el primero de mayo lo hará la provincia". 

Por su parte, Fernando José Conte Grand, letrado de Fesandi, apuntó que "también buscábamos que la provincia ratifique en la resolución que se haría cargo de los fondos si los mismos no llegan desde Nación. Eso no se logró, pero tenemos el compromiso de que el Ejecutivo local será el garante del sistema". 

El acuerdo estaba suspendido desde enero por el amparo. Ahora regirá desde mayo.