La Corte de Justicia dispuso que el próximo lunes se ponga en marcha en su totalidad el sistema acusatorio, el mecanismo en el que los fiscales están a cargo de la investigación de los hechos delictivos. 

En ese marco, el jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, ya armó su escuadrón. Comenzará con los 31 fiscales de las actuales cinco Unidades de Investigación y hará movimientos para cubrir las otras tres nuevas que empezarán a funcionar, hasta que salga el concurso y se designen a 11 funcionarios. En el inicio sí se sumarán ayudantes fiscales, los que pasarán de 80 a 110. Estos profesionales también son clave en el andamiaje del esquema, ya que, por primera vez, tendrán presencia territorial, dado que unos 40 estarán en la calle, ubicados en las siete comisarías departamentales que abarcan la provincia.

Tal despliegue obedece a una estructura que divide por sectores y apunta a una especialización de los distintos delitos, con personal suficiente para lograr una respuesta judicial rápida (detención y juzgamiento de sospechosos) a 26 mil y 28 mil causas anuales. Todo lo contrario a lo que venía sucediendo con el llamado sistema mixto, el cual tenía una primera etapa denominada inquisitiva, en la que un juez de turno, por 15 o 30 días, estaba a cargo de la pesquisa. Además de la incongruencia de que un magistrado investigara, indagara y procesara a un detenido, el mecanismo tenía un escaso nivel de resolución de causas, ya que apenas se llegaba al 9 por ciento, en el mejor de los casos.

El primer atisbo del sistema acusatorio se dio con el procedimiento de Flagrancia, el mecanismo de enjuiciamiento exprés para detenidos atrapados en el momento en que cometen un delito, el cual debutó en 2017. El acusatorio arrancó en febrero de 2021 de manera parcial, con otras tres unidades fiscales (Delitos Especiales, Cavig y Anivi) que concentraron las denuncias de abuso sexual, de violencia de género, los casos por homicidios dolosos y culposos (negligencia y mala praxis) y delitos contra la administración pública, entre otros.

Ahora habrá tres nuevas Unidades Fiscales de Investigación (UFI): la de Delitos contra la Propiedad, la de Delitos Informáticos y Estafas y la Genérica. La primera tendrá bajo su órbita los robos y hurtos, mientras que, la segunda, las estafas y aquellas que son producto del robo de datos personales (phishing), los fraudes informáticos, los ataques como cyberbullying, el hackeo de sitios web, además de la distribución de pornografía infantil, entre otros. La última contendrá las causas por usurpaciones, daños, amenazas, lesiones y causas contra la salud pública y la seguridad y el orden público, como piquetes.

El jefe del Ministerio Público ya definió a los supervisores y coordinadores de las UFI:

Habrá un total de 110 ayudantes fiscales, de los cuales, unos 40, en turnos rotativos, estarán en las siete Departamentales que tienen sede en Comisarías (Capital; Chimbas - Albardón; Rivadavia - Rawson; Norte, en Jáchal; Sur, en Pocito; Este, en Caucete, y Oeste, en Rivadavia). Ese personal saldrá de las UFI Delitos contra la Propiedad (las causas con mayores hechos) y Flagrancia. Para ello, se creará una Unidad de Abordaje Territorial, que tendrá la distribución de los ayudantes fiscales en la provincia, los que, al intervenir rápidamente con la Policía, asegurarán el lugar y las pruebas y entregarán el expediente a la UFI específica.

En ese marco, la unidad operará desde una oficina en el palacio de Tribunales, junto a una sucursal del Cisem 911. Para lograr la puesta en funcionamiento del acusatorio a full, se diagramó un plan de acción de 24 horas en la que trabajarán 34 ayudantes fiscales, que estarán repartidos en diferentes turnos. Así, en base al cronograma, en la mañana habrá cuatro ayudantes fiscales, en la tarde cinco y en la noche tres. No obstante, ante cualquier contratiempo que pueda tener alguno de los profesionales de turno, también habrá tres suplentes.

En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con 39 fiscales y 118 ayudantes fiscales. Además, tiene 148 funcionarios y agentes (entre los que hay administrativos y técnicos), más 48 profesionales de otras áreas (médicos, psicólogos, asistentes sociales, entre otros).