El Gobierno nacional empezó a dar marcha atrás en su versión del caso del narco avión argentino capturado en España, con casi una tonelada de cocaína, al admitir por primera vez que "la droga fue cargada en Argentina" y que "obviamente no hay seguridad" en algunos aeropuertos.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, reconoció que "es evidente que hay controles que se han relajado "en algunos aeropuertos nacionales" y lo atribuyó a "la superposición de diversos organismos en el control de los aeropuertos. Obviamente no hay seguridad, en fin, los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga fue cargada en Argentina", reconoció la funcionaria.

Esa posición desmiente al ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien el lunes 17 dijo: "Nosotros creemos que la droga se cargó en Cabo Verde".

En este marco, la ministra consideró que, al margen de las conclusiones a que arribe la investigación judicial, se deben "fortalecer los controles en los aeropuertos". Además, explicó que "hay controles que se han relajado" a raíz de las transformaciones del sistema aeroportuario, que pasó del disuelto Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En ese sentido, la Policía Nacional Aeroportuaria de la Fuerza Aérea Argentina fue sustituida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que "controla 35 aeropuertos de todo el país, mientras que otros, como el de Morón, quedaron fuera de su jurisdicción", destacó.

Garré evaluó que este nuevo esquema de control debe revisarse "porque, el delincuente cuando ve algunos aeropuertos fuera del control de la PSA u otra fuerza de seguridad es ahí donde va a tratar de cometer delitos".

Consultada sobre una eventual protección corporativa en la Fuerza Aérea en favor de los involucrados Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, que tripulaban el avión Challenger 604 interceptado con cocaína en Barcelona, Garré señaló que debía "determinarlo la investigación judicial". Sin embargo, destacó que ella ha "visto funcionar esto y, a veces, ante situaciones de personas que le han hecho mucho mal a esas instituciones se mantiene una cosa de protección, a pesar de todo, sobre ellos, sobre sus grupos familiares en vez de optar por el camino de la ley y de una depuración profunda".

Por su parte, el jefe de la base militar de Morón, comodoro Jorge Ayerdi, declaró ayer ante el juez en lo Penal Económico de esta Capital Federal, Alejandro Catania, quien lleva la causa paralela a la de España, que en noviembre último ordenó reforzar los controles en esa aeroestación.

Fuentes judiciales informaron que, en ese sentido, el jefe militar presentó un escrito que le notificaba a la ANAC sobre medidas de refuerzo de la seguridad en el portón 1, la entrada principal de las cuatro que tiene la base aérea de Morón. Según las fuentes, en dicho instructivo se fijaron los requisitos para el ingreso a la aeroestación, cuya seguridad es mayoritariamente ejercida por la Fuerza Aérea.

El jefe militar dijo al juez que la decisión de reforzar la seguridad la tomó luego de asumir su cargo y que ello ocurrió cuando presuntamente también "estacionó" en Morón el avión de los Juliá, dijeron los informantes. Los investigadores sospechan que el avión permaneció en la pista de la base civil y no dentro de un hangar, porque no existen de esas dimensiones, desde el 5 de noviembre al 30 de diciembre, cuando partió hacia Ezeiza, donde al día siguiente voló hacia España.

El caso fue descubierto el 2 de enero, cuando personal de la Guardia Civil española descubrió 944 kilos de cocaína a bordo del avión tripulado por los Juliá y Miret, quienes habían aterrizado en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, tras una escala previa en Cabo Verde, en al costa africana.