La apertura de un juicio oral contra el exconcejal Carlos Fernández Gámez, ocurrido en 2009 en España, está bajo análisis por parte de la Justicia Federal. Dicha medida judicial es clave para determinar si esa causa prescribió o no en nuestro país, ya que de ser equivalente al requerimiento de elevación a juicio contemplado en el Código Penal argentino, frenará la extinción de la pena por el paso del tiempo y los plazos comenzarán a correr desde esa fecha. De ser así, el español devenido en "coach" de empresarios y políticos en San Juan se encuentra ante la posibilidad de ser extraditado. El mencionado juicio oral corresponde a la investigación llamada "Saqueo II" en el país ibérico, donde Fernández Gámez fue acusado de ser el presunto autor de hechos de corrupción, de los cuales, uno de ellos sería compatible en estas tierras con la malversación de caudales públicos, señalaron fuentes judiciales. La pena máxima de ese delito es de 10 años de prisión, el lapso máximo que se toma en cuenta para considerar la prescripción.

La documentación sobre el juicio oral de 2009 y otros expedientes forman parte de los elementos que se ventilarán en el juicio de extradición que lleve adelante el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Este fijará la fecha una vez que el fiscal Francisco Maldonado y la defensa de Fernández Gámez terminen de presentar sus pruebas.

Además del caso Saqueo II, el exedil está involucrado en otras dos resonantes investigaciones de la comuna de Marbella. Una de ellas es la denominada Malaya, mientras que la otra es conocida como causa urbanística, indican los medios españoles (Ver recuadro).

Según las fuentes, está bajo análisis si la medida de apertura de juicio oral producido el 25 de febrero de 2009 en España es la equivalente en Argentina al requerimiento de elevación a juicio por parte de un fiscal. Esa acción, junto al llamado a indagatoria y la citación al debate, interrumpe la prescripción de una causa. Para el caso exedil, los 10 años para que opere la extinción de la acción penal comenzarían a contarse desde la apertura de dicho juicio oral, por lo que finalizaría recién en 2019.

De acuerdo al tratado firmado entre Argentina y España, la extradición de una persona no se concederá cuando en la legislación de alguno de los países se hubiera extinguido la pena de los delitos por los que se solicita al implicado. Si bien en España el delito de malversación de caudales públicos tiene una pena de 15 años de prisión, en la Argentina es de 10.

En base a este último plazo, también está bajo estudio si el hecho había prescrito en nuestro país, siempre y cuando no existiera una medida equivalente entre ambas naciones que interrumpieran los plazos.

El caso de Fernández Gámez estalló en la provincia el 15 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Federal luego de una denuncia anónima (Ver cronología). En San Juan, el exedil no estuvo en la clandestinidad, sino que creó una empresa de asesoramiento, se casó y tuvo dos hijos.

Las causas en las que Gámez está involucrado

Una de las principales causas por la que está investigado Carlos Fernández Gámez es la conocida como Malaya. Se trata de una megacausa de corrupción en el municipio de Marbella en el que el político fue concejal. La causa desnudó un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas, como la malversación de caudales públicos, entre otras, llevadas a cabo por empresarios, abogados y dirigentes en el órgano de gobierno y administración de la comuna española.

La segunda causa es la denominada Saqueo II. Por ese hecho Fernández figura como imputado por presunta malversación de caudales públicos, referente a su etapa de delegado de Deportes y la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000 S.L. Según la fiscalía Gámez "mantuvo sociedades mercantiles municipales ocultas a la labor fiscalizadora o de las que no se remitió contabilidad, habiendo comunicado tan sólo la existencia de 25 pese a tener constituidas 31".

La tercera es la causa Urbanística del año 2003. El exedil esta acusado de conceder una licencia de construcción para que una empresa edificara viviendas, en un lugar que no estaba habilitado como urbanizable.

Cronologia 2017

Septiembre-2017

Gracias a una denuncia anónima, la Policía Federal dio con Carlos Fernández Gámez en San Juan. La fuerza lo detuvo en su domicilio ubicado en Rivadavia.

Septiembre-2017

El juez Federal Rago Gallo rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Gámez. La medida había sido denegada por el Fiscal Maldonado.

Octubre-2017

Cuando estaba por finalizar el plazo de arresto provisorio (el 25 de octubre) España envió el pedido de extradición vía correo electrónico y fax.