Los municipios alineados a Cambiemos, Santa Lucía, Rivadavia, 9 de Julio y Caucete, pegaron ayer un viraje. Los jefes comunales arrancaron la jornada manifestando la necesidad de cambiar los porcentajes que estaban plasmados en los lineamientos básicos de la futura ley de coparticipación, que el resto de las autoridades municipales habían firmado, incluido la de Ullum, también socia de Cambiemos. Desde las cuatro Intendencias indicaban que el piso a distribuir, un 13 por ciento para recursos nacionales y el 18 por ciento para los locales, era insuficiente y que por eso iban a solicitarles a los funcionarios del Ministerio de Hacienda una reunión para ofrecer una propuesta superadora. Pero al final nada de eso ocurrió y quienes manejan los recursos municipales de esos distritos se acercaron al segundo piso del Centro Cívico y se allanaron al documento inicial sin ningún tipo de un reparo.

El cambio no generó sorpresa en el Ejecutivo local, ya que entendían que lo estampado en el documento es sólo una base y que, seguramente, esos porcentajes de distribución no serán los finales, indicaron fuentes oficiales. De hecho, la firma de los cuatro secretarios económicos de Cambiemos fue celebrado por la secretaria de Hacienda de la provincia, Marisa López, quien indicó que "entendemos que han reflexionado". El ministro Roberto Gattoni había señalado que le llamaba la atención y que le parecía contradictoria, ya que la propuesta local era un reflejo de lo que el macrismo le pidió a las provincias.

Pero además, las fuentes indicaron que el cambio en las cuatro comunas sirve para bajar la espuma a una polémica sin sentido por una ley que es clave. Con el OK de los jefes comunales, desde Hacienda indicaron que ahora comenzarán a conformar el texto de la ley y, tal cual lo anunció el gobernador Sergio Uñac en su mensaje en la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados, el objetivo es enviar el proyecto antes de que finalice junio. La promesa del mandatario local fue que la misma esté operativa desde el primer mes de 2019.

El documento que firmaron los 19 municipios establece los lineamientos para un mecanismo de coparticipación municipal de impuestos, junto a un régimen de responsabilidad fiscal provincial (ver Ley de responsabilidad... ).

El primero de los puntos establece que la masa de recursos a distribuir entre las comunas no será menor al 18 por ciento de los impuestos provinciales y al 13 por ciento de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de la Nación. Así, el objetivo es que el monto total a repartir sea superior al valor que hoy se distribuye a cada municipio.

Ese piso fue puesto en duda por los intendentes de Cambiemos, menos por el de Ullum. Fabián Martín, de Rivadavia, declaró ayer que "entendemos que el piso del que se parte es bajo. Esta va a ser una ley para el futuro y si lo firmamos con ese porcentaje como base, ya estamos aceptando, con una mínima posibilidad, de que se den esos números". Mientras que Marcelo Orrego, de Santa Lucía, sostuvo que "hay cuestiones que podemos aportar y lo ponemos en la mesa". Por otro lado, el secretario de Hacienda de Caucete, Mauricio Montero, se manifestó en sintonía, indicando que estaban trabajando en una propuesta de un piso del 16 por ciento y del 20, respectivamente.

Sobre esa puja, Gattoni aclaró que lo plasmado representa un mínimo, por lo que seguramente será mayor. Incluso dijo en LV5 que "hemos hecho algunos escenarios y le aseguro que Rivadavia y Santa Lucía van a ser los primeros que van a levantar la mano para aprobar la ley".

Fondos

3.180

Son los millones de pesos que el Ejecutivo distribuyó entre los 19 municipios en el presupuesto 2018. Además, les repartió 296 millones más para pagar los salarios de los agentes municipales.

Ejes del reparto

Dentro del documento firmado por los municipios figuran ítems que se tendrán en cuenta a la hora de la distribución de los recursos que se obtienen por recaudación tributaria. Entre esos puntos figuran: población, dispersión de la población, lejanía de la capital, consumo de alumbrado público, recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios y lo que aporta cada comuna en impuestos locales.

El documento que firmaron los secretarios de Hacienda de las comunas establece pautas claras sobre responsabilidad fiscal.

La primera es sobre el gasto público, en la que se determina que el gasto corriente anual del municipio no podrá superar la tasa de inflación de ese periodo.

La segunda fija un límite para el personal municipal, con una fecha determinada y desde qué cantidad no podrá incrementar el recurso humano, a menos que se cumplan ciertos parámetros.

La tercera habla de que el municipio no podrá endeudarse más del 10 por ciento de sus recursos. Y la cuarta indica que no se podrán generar nuevos gastos corrientes en los últimos tres trimestres del año en el que finaliza la gestión.