Unanimidad. Eduardo Quattropani fue elegido por la totalidad de sus pares de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal General de la Corte de Justicia local, Eduardo Quattropani, quedó al frente del máximo órgano nacional que nuclea a los fiscales y procuradores generales del país: el Consejo Federal de Política Criminal. La decisión se dio en la edición 31 de las Jornadas Nacionales que se llevaron adelante en Ushuaia y el sanjuanino fue elegido por unanimidad. Así, será la tercera vez que Quattropani conducirá la entidad, ya que cumplió ese rol en los periodos 2009-2011 y 2011-2013. Según confirmó, durante los próximos dos años, el fiscal General tiene varios objetivos en mente: impulsar la puesta en marcha el sistema acusatorio en aquellas provincias en las que todavía no se implementa, promover la lucha contra el narcomenudeo a través de su desfederalización para que, con recursos nacionales, tal cual lo establece la normativa, los distritos lleven adelante tal investigación y trabajar con las autoridades nacionales en analizar el proyecto del nuevo Código Penal, entre otros.

El Consejo Federal de Política Criminal tiene por objetivos consolidar la independencia y la autonomía de los Ministerios Públicos, llevar adelante capacitaciones e intervenir ante la existencia de actos que comprometan el funcionamiento de dicha institución. Además, emite opinión y dictamen sobre las iniciativas en materia de administración de justicia y promueve reformas constitucionales destinadas a los Ministerios Públicos.

Durante los dos periodos en los que Quattropani estuvo al frente, logró concretar proyectos para las provincias en materia de justicia. Uno de esos puntos fue la instalación de laboratorios forenses, iniciativa en la que San Juan se vio beneficiada con la llegada de aparatología de última tecnología, y la creación de la red nacional de Ciencias Forenses para capacitar al personal técnico. A su vez, el fiscal General local tuvo este año un gran protagonismo entre sus pares al encabezar una dura pelea con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El conflicto se desató porque el mandatario provincial promovió un juicio político contra el fiscal General del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Alejandro Ficoseco, sin que existieran causales de remoción. Así, Quattropani, junto a otros fiscales, viajó a esa provincia y mantuvo un encuentro con Morales que no terminó en buenos términos. Incluso, el gobernador, a los pocos días, arribó a San Juan y en declaraciones a DIARIO DE CUYO sostuvo que el organismo que integra Quattropani "es un club de amigos patético". El jefe de los fiscales locales no se quedó atrás y dijo de Morales que "es la más patética expresión del politiquero matón de barrio, del charlatán de comité". Es más, en Ushuaia, promovió que se declarara "inepto éticamente" al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, por dar inicio al juicio político contra Ficoseco. La propuesta recibió el apoyo de todos los fiscales del país.

Tras recibir el respaldo de sus pares, Quattropani indicó que uno de los objetivos de su gestión es "poner en marcha el sistema acusatorio (la investigación fiscal) en las provincias que faltan y en la Nación". Además, dijo que, en materia de narcomenudeo, la gestión macrista no aportó los fondos prometidos para dar tal lucha y que espera que eso cambie con la nueva gestión nacional. Por otro lado, confirmó que "hemos tomado contacto con las autoridades nacionales entrantes para trabajar con ellos coordinadamente" en materia judicial, ya sea con Eduardo de Pedro, quien asumiría en el ministerio del Interior de Alberto Fernández, y con Agustín Rossi, quién estará en Defensa.

Trabajo a futuro
 

Además de los objetivos nombrados por Quattropani, los fiscales trabajarán para implementar la oralidad en todos los fueros, ya sea en la primera como en la segunda instancia.


Fiscalías temáticas
 

En materia de violencia de género, los fiscales buscarán recursos para tener fiscalías exclusivas a esa problemática, así como la implementación de juzgados que atiendan a las víctimas.