Cualquier sanjuanino que mañana decida ir a trabajar o a realizar un trámite en colectivo se puede llegar a encontrar con la sorpresa de que tendrá demoras para trasladarse por una medida de fuerza que llevará adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes, en protesta por la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

Néstor Romero, secretario adjunto del sindicato, confirmó ayer que este lunes, antes del mediodía, habrá una reunión de delegados para definir los alcances de las medidas.

Según el gremialista, lo que van a hacer son asambleas informativas en las cabeceras de cada línea de colectivos, es decir donde arrancan y finalizan los recorridos las unidades. Y en el tiempo que duren esas reuniones, que son para analizar el problema del impuesto, no habrá salida de micros.

En la práctica es una medida de fuerza encubierta porque, sin llegar a ser un paro, afectará a los usuarios porque en forma sorpresiva se van e encontrar con que no tienen unidades para tomar. La modalidad y horarios de esas asambleas es lo que van a decidir primero en la reunión de delegados, según dijo Romero.

La medida en San Juan es parte de un plan de lucha que llevan adelante los sindicatos del Transporte a nivel nacional, entre los que están los choferes de colectivos, camioneros, trabajadores de subtes y trenes y empleados de los aeropuertos y de la actividad portuaria.

Desde la UTA nacional afirman que tanto al Gobierno como a los diputados le exigieron que eliminen el viático y las horas extras del alcance de Ganancias. “Estamos en contra del impuesto porque para nosotros es mucha plata”, dijo Roberto Fernández, secretario general de ese gremio nacional.

Además de los colectiveros, en San Juan los que están evaluando si adhieren o no a las protestas son los choferes de camiones. Antonio Ponce, secretario general del gremio en San Juan y que en el país lidera Hugo Moyano, dijo que van a esperar las decisiones que tome el gremio a nivel nacional. “Vamos a acatar lo que se decida”, dijo el sindicalista.

En el caso de aplicar alguna medida podría verse afectada la reposición de dinero en los cajeros automáticos, el suministro de combustible a las estaciones de servicio y la recolección de residuos donde no depende de los municipios, además del transporte general de cargas.