La pelea entre el edil José Risueño y sus exsocios, el intendente de Angaco, José Castro, y el expresidente del Concejo Deliberante, Mario Pacheco, a quien le quitó el cargo, no sólo se dio en el marco político sino también en el plano judicial. Es que hubo denuncias cruzadas y cada una tuvo una suerte dispar. La que realizó el jefe comunal contra el concejal rebelde avanza al punto de que una fiscal pidió que se abra la investigación por el delito de usurpación de cargo. En cambio, la que radicó Risueño contra Pacheco y su colega Valeria Garay por llevarse el libro de actas y las llaves del recinto legislativo quedará en la nada, ya que otra representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, solicitó su archivo porque no se configuró un hecho delictivo, revelaron fuentes judiciales.

Risueño también denunció a Pacheco en la Policía por incitación a la violencia.

El intendente había denunciado en diciembre a su exsocio porque, a pesar de ser concejal, seguía desempeñando funciones en su antiguo cargo de subtesorero, cosa que no está permitida por la ley orgánica de municipios. De hecho, en una de las sesiones salió a la luz la acusación del proveedor de gasoil para las movilidades oficiales, Marcelo López, quien comunicó que Risueño en una ocasión lo citó al municipio en la tarde para pedirle los remitos por la venta del combustible, que le exhibió expedientes oficiales y que de ahí en adelante sería él quién le pagaría. Tras la denuncia, la fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi le pidió a la jueza Mónica Lucero que abra la investigación.

Risueño negó tal situación y viene manifestando que está investigando a la gestión comunal por la supuesta compra irregular de combustible. En ese marco, y con apoyo de dos ediles radicales, desplazó a Pacheco y se quedó con la titularidad del Concejo. Tras esa sesión, denunció que el expresidente y la concejal Garay se llevaron las llaves del recinto y de los armarios, al igual que el libro de actas. Pero la fiscal de Instrucción Ana Lía Larrea le pidió al juez Pablo Flores que archive el caso. Según las fuentes, no se configuró el delito de, por ejemplo, retención indebida, ya que no hubo una intimación para que se devolvieran tales objetos. Pacheco había señalado que llevó el libro de actas a una escribanía y que las llaves del recinto se las entregó a Garay, a quien nunca se las pidieron, pero que había voluntad de entregar todo. Así, el tema debe resolverse administrativamente.