En el proyecto de Presupuesto 2011 el Gobierno prevé pagar en efectivo sentencias a favor de jubilados de la Anses por un total de $ 2.933,8 millones y fallos de retirados y pensionados de las FF.AA. y de Seguridad por otros $ 847,3 millones. En total se estima que son unas 30.000 sentencias por casi $ 3.800 millones. En el Presupuesto 2010 ambos rubros suman 2.803,9 millones, según publicó diario Clarín el mes pasado. La cifra no es relevante teniendo en cuenta que hay más de 400 mil juicios iniciados en los Tribunales de la Seguridad Social, y que de acuerdo a las nuevas demandas de jubilados por reajuste de haberes ingresadas hasta agosto pasado, se calcula que en todo este año ingresarán más de 100.000 demandas. El artículo agrega que en la Justicia ingresan entre 3 y 4 veces más causas que las que luego la Anses cancela y eso explica que el stock de juicios contra la Anses continúe creciendo a un ritmo tal que la Cámara de la Seguridad Social haya reconocido que está "en una situación de colapso". La Anses sigue acumulando un pasivo que se agranda por las retroactividades e intereses, y algo similar está pasando con las Cajas o Institutos de las FF.AA. y de Seguridad.
Desde 2002 e incluyendo las previsiones de pago hasta fin de año, entre bonos y efectivo, la Anses habrá pagado sentencias por más de $ 10.000 millones a unos 180.000 jubilados. Una parte de ese dinero en el orden del 30% son honorarios de los abogados. "Todas estas cifras ilustran la enorme litigiosidad que carga el sistema por la mala liquidación de haberes e incumplimientos de las leyes previsionales. La mayoría de los juicios son por reajuste de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. Y crecieron en los últimos años luego que Corte Suprema, en el caso Badaro, ordenara un ajuste", indica la noticia. Para cobrar cualquiera de esos ajustes, cada jubilado debe iniciar un juicio porque el Gobierno no extiende su doctrina a todos los jubilados que están en la misma situación. El cálculo oficial es que, como no todos los jubilados hacen juicio, es mayor el "ahorro" que resulta de no extender a todos los jubilados los reajustes ordenados por la Justicia que los costos de extenderlos.