El Ministerio de Salud Pública de San Juan fue condenado a pagar 50.700 pesos en concepto de astreintes, es decir una multa, por no haber cumplido en tiempo y forma una resolución judicial que le ordenaba abonar una diferencia salarial a una profesional que estuvo designada en el Hospital San Roque, de Jáchal. Según coincidieron fuentes judiciales y de la misma área de salud, es frecuente que distintas reparticiones oficiales tengan que hacer frente a la cancelación de este tipo de sanciones. Como consecuencia de la falta, hay un sumario administrativo en marcha para determinar quién fue el responsable del incumplimiento, que repercutirá en el presupuesto de la repartición.
En 2008, la odontóloga Nilda Brizuela, ganó un concurso para desempeñarse en el Hospital Guillermo Rawson, pero fue designada para trabajar en el Hospital San Roque, de Jáchal y nunca le abonaron la diferencia salarial por haberse tenido que trasladar al departamento norteño. No se pudo acceder a este monto. Agotada la vía administrativa, presentó un recurso en el Octavo Juzgado Civil, que hoy tiene al frente al juez Walter Ramon Otiñano. El planteo tuvo despacho favorable y el juez le ordenó a Salud Pública pagar la diferencia del sueldo. Pero los días sin que el organismo lo hiciera y por eso el magistrado ordenó que la repartición abonara 50.700 pesos en concepto de astreintes por la desobediencia a la decisión judicial. Ese monto equivale a 507 días, es decir casi un año y medio, en los que Salud Pública no cumplió el pago, a razón de 100 pesos por día de desobediencia.
El monto irá a parar a manos de la odontóloga Brizuela, que fue la que hizo el reclamo en su momento.
Según confirmaron fuentes de Salud, y al igual que sucede en otros casos similares, se ha dispuesto la realización de un sumario administrativo para determinar quién es el responsable de la falta, que le ocasionará un gasto no previsto en el presupuesto de la repartición. El sumario puede terminar en un llamado de atención, apercibimiento, suspensión y hasta la exoneración del agente, de acuerdo a la gravedad de la falta.
Por otro lado, también el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado del control de los caudales públicos, puede hacer una investigación para determinar quién fue el responsable de haber afectado los dineros del Estado.
Las demoras de las reparticiones oficiales en cumplir las órdenes judiciales suelen ocurrir con frecuencia, según dijeron las fuentes consultadas. Al punto que en un informe elaborado por la Fiscalía de Estado hace 2 años reveló que entre las demandas contra el Estado provincial, cuya defensa está a cargo de la Fiscalía, había 346 amparos por las demoras de reparticiones del Gobierno en dar respuestas a fallos judiciales, lo que genera la aplicación de multas llamadas astreintes. Este estudio fue parte de una investigación para conocer los juicios que enfrenta la Provincia, porque son una preocupación en la Fiscalía de Estado. Es que por negligencia de algún funcionario, como en este caso, o por avivadas ajenas, en varias ocasiones le dejaron pérdidas millonarias a las arcas públicas.
Las astreintes son las sanciones valuadas en dinero contra un deudor, en este caso Salud Pública, que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero que puede ser calculada por día, semana o mes en que un deudor retarda el cumplimiento de una obligación surgida de una resolución judicial. A diferencia de la multa, las astreintes tienen como característica un incremento periódico según el tiempo de retardo en que incurre el deudor, mientras que la multa determina el pago de una suma fija que no se incrementa con el paso del tiempo.
Según fuentes oficiales, el área que encabeza el ranking en el pago de astreintes es el Ministerio de Educación de la provincia, por la demora en dar respuesta a los planteos de los docentes, que terminan en la Justicia y con la imposición de un pago para las arcas oficiales.
Tanta es la salida de dinero por este concepto que, incluso, en algún momento se habló de que en lugar de que el pago del castigo salga de las cuentas oficiales, el responsable de la demora tenga que pagar de su propio bolsillo por el incumplimiento de la orden judicial.
En este caso, la odontóloga se cansó de deambular por las oficinas de Salud Pública para cobrar la diferencia salarial y tras agotar la vía administrativa, decidió recurrir a la Justicia para conseguir su objetivo, que decantó en el pago de la multa impuesta por la Justicia.