Una medida que está en estudio por parte del intendente de la Capital, Franco Aranda, recalentó la relación con quien lo reemplazará el 10 de diciembre. El jefe comunal dijo que se encuentra analizando sumar personal a planta permanente en los próximos días y en el entorno de Emilio Baistrocchi, el sucesor, señalaron que hay malestar ante semejante posibilidad. Al ser consultado, el actual ministro de Gobierno de la provincia se mostró cauto, aunque resaltó que se debe cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. La norma impide el ingreso de empleados en los últimos nueve meses a la finalización del mandato. Además, destacó que "si tiene la posibilidad de hacerlo, está bien. Pero lo evaluaremos si corresponde legalmente una vez que asumamos".
Baistrocchi indicó que la relación con Aranda viene encaminada de cara a la transición de gobierno y que los equipos técnicos de ambos ya han mantenido reuniones para interiorizarse sobre el manejo de la comuna. Pero por lo bajo, colaboradores del intendente electo expresaron que hay bronca con la intención de Aranda sobre hacer ingresos a planta a 20 días del cambio.
Consultado sobre esa posibilidad, Aranda dijo que "no confirmo ni desmiento la incorporación de personal, lo estamos evaluando". A la vez, aclaró que si se da, será "siempre dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", disparó. Además, justificó la posible medida al manifestar que "en los cuatro años nunca he nombrado a nadie. Ahora veremos si es oportuno hacerlo o no". Fuentes consultadas explicaron que el jefe comunal está pensando traspasar contratados a planta permanente porque, al parecer, en este año tuvo bajas por jubilación y que dichos cargos no fueron cubiertos. Así, podría sumar agentes sin incrementar el gasto en personal aprobado en su presupuesto. Si bien Aranda no dio cuenta del número de trabajadores que podrían ser beneficiados en la posible incorporación, las fuentes indicaron que sería una cifra importante.
El ministro de Gobierno fue prudente al referirse sobre el tema e indicó que lo analizará "oportunamente". Pero allegados indicaron que la posibilidad generó enojo y que el actual jefe comunal no está habilitado a sumar personal porque se lo impide la norma de fin de mandato, fijada en la ley de responsabilidad fiscal. La misma indica que los intendentes no pueden incrementar el gasto corriente durante los nueve meses antes de dejar su cargo. Las fuentes dijeron que si Aranda no hizo los cambios antes de esa fecha, ahora no los puede hacer.
Incluso, en el Ministerio de Hacienda llamó la atención lo que analiza Aranda, dado que en julio, el titular de la cartera, Roberto Gattoni, le envió una nota a todos los intendentes para recordarles que no pueden incorporar trabajadores a planta permanente en los últimos nueve meses del mandato. Esa carta se envió luego de que el jefe comunal de Caucete, Julián Gil, trató de designar a 67 agentes tras caer con Romina Rosas en las elecciones (Ver recuadro).
Las fuentes indicaron que si Aranda hace los ingresos, Baistrocchi estaría en condiciones de darles de baja porque no responde a la ley. Además, podría iniciar acciones contra su antecesor, como emitir un informe para que sea analizado por el Tribunal de Cuentas, lo que dejaría mal parado a Aranda.
Personal
Fuentes calificadas indicaron que, en la actualidad, Capital cuenta con unas 900 personas en planta permanente, un tanto similar de contratados y con unos 1.800 pasantes.
Ley provincial
La ley de responsabilidad fiscal se sancionó a fines de 2018. Además del personal, los intendentes no pueden incrementar el gasto corriente nueve meses antes de irse.
Embestida y marcha atrás en Caucete
Tras perder las elecciones con la concejal Romina Rosas, el intendente de Caucete, Julian Gil, promovió el ingreso de 67 personas a planta permanente, de los cuales, 21 eran funcionarios y miembros de su planta política. En los restantes cargos aparecían familiares, amigos, parejas de sus hijos y de otros funcionarios e, incluso, personas que nunca desempeñaron tareas en la comuna. Tras conocer esas incorporaciones, los empleados municipales tomaron el edificio comunal y le exigieron a Gil que le diera de baja a los ingresos. Luego de una acalorada reunión entre el intendente y los representantes de los trabajadores, el jefe comunal dio marcha atrás y se comprometió a hacer un concurso para llevar adelante recategorizaciones, tal como lo había prometido a principio de año con los sindicatos. Los empleados, satisfechos, levantaron la medida de fuerza. Tras ese episodio, Hacienda recordó la obligación de cumplir la ley de fin de mandato.