Que la justicia haga lo suyo. Que la sentencia para la asesina de su hijo no se agote en tres años de relativa permanencia en la penitenciaría, como tantas otras veces ha ocurrido. Poco más es lo que pide Bárbara. No le quedan muchas alternativas. Diez días atrás comenzó su propia condena. La tristeza eterna por el absurdo final de su pequeño Kevin, destinatario de una bala que no era para él y que, no obstante, le arrebató la vida en la vereda de su propia casa.

Casi al unísono sonó el grito del vecindario del Barrio Villa Paula, con algunas desviaciones emparentadas a la víspera de la consulta popular, tras el homicidio de Kevin Borquez: Justicia. Con el segundo episodio fatal en 15 días en su municipio, el intendente de Chimbas, Mario Tello, apuntó contra la policía y los jueces. Que se hagan cargo de lo que les toca, pidió el jefe comunal.

En el medio, el propio jefe de la fuerza de seguridad, Miguel González, puso el ojo en el trabajo social aún pendiente en algunos barrios integrados por familias de villas erradicadas. Tiempo después, se supo que la observación del comisario retirado hirió susceptibilidades en el Ministerio de Desarrollo Humano. No es una tarea exclusiva ni excluyente de la cartera a su cargo, afirmó el ministro Daniel Molina, sino que involucra a otros eslabones importantes como el de la Educación y la Salud.

El pasado viernes se cumplió el primer mes de la muerte de Pablo González, el adolescente que cayó electrocutado al tocar un alambrado dentro de una finca vecina. La horda vecinal de los barrios San Francisco I y II cobró venganza tomando por asalto la propiedad donde ocurrió el fallecimiento. Treinta días después, continúa la guardia policial en la zona, con cinco efectivos apostados día y noche, sin tregua, sin salida aparente. El asunto dejó de ser noticia, pero no por ello perdió su categoría de problema irresuelto.

Los casos de Kevin y Pablo son distintos, pero posiblemente compartan prólogo y epílogo. Mientras las peleas cuerpo a cuerpo se reflejan en el parte policial, los vecinos padecen el desaire cada vez que llaman a un remís o un delivery, poco dispuestos a entrar en ese terreno estigmatizado por la violencia.

Bárbara pide que la justicia haga lo suyo. El resto debería empeñarse: que las muertes no se diluyan en la memoria y que la experiencia sirva para motorizar el cambio.