Una protesta de manifestantes que dijeron ser familiares de ex empleados de una empresa gráfica porteña bloqueó ayer durante doce horas la salida de los diarios Clarín y Olé y demoró la expedición del matutino La Nación, lo que generó el repudio generalizado de dirigentes nacionales y de organizaciones de prensa.

Directivos de los diarios, de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y legisladores nacionales cuestionaron el piquete instalado desde minutos antes de la medianoche frente a las plantas impresoras del barrio porteño de Barracas.

Clarín presentó denuncias penales al señalar que el bloqueo generó "un daño muy grande, irreparable" que dejó unos 600 mil ejemplares inmovilizados, afectando la distribución del periódico. Los periódicos informaron que la protesta comenzó en los últimos minutos del sábado por parte de personas acompañadas por niños y bebés que instalaron carpas sobre la calle Zepita, donde pasaron la noche y continuaban ayer por la mañana.

Los manifestantes desplegaron un pasacalle de nylon que los identificaba como Federación Gráfica Bonaerense y dijeron ser familiares de empleados de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, aunque algunos medios señalaron que había dirigentes camioneros detrás de la protesta. Sin embargo, el jefe de la CGT descartó su responsabilidad en el bloqueo al considerar que la vinculación era "un absurdo total" aunque precisó que los manifestantes apostados en Barracas eran "trabajadores que despidieron esos medios y que están con sus familias allí porque no tienen ni para comer".

Ayer por la tarde, una hora después de que los manifestantes levantaran el piquete, el Ministerio de Trabajo de la Nación informó que había convocado "a las partes del conflicto suscitado con los diarios a una reunión para hoy" para buscar la conciliación".

La protesta se concretó en medio de la difícil relación que mantienen las mayores empresas periodísticas del país con el Gobierno de Cristina Fernández a raíz de la aprobación, en octubre de 2009, de una nueva ley de medios audiovisuales, impulsada por el oficialismo.