Apoyo. Durante la reunión en San Juan con la presencia de todos los ministros de Justicia de todo el país, Germán Garavano, titular de la cartera nacional, aseguró que habrá asistencia para la puesta en marcha del programa.


Con objetivo de brindar asistencia psicológica y legal a todas las personas víctimas de cualquier tipo de delito en la provincia, el Ejecutivo busca poner en marcha un programa integral que fue creado en el año 2000, pero que hasta el momento nunca estuvo operativo. Se trata de un comité de especialistas de distintas áreas, como el que hoy asiste a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, con el agregado de que contará con un letrado que ayudará a las víctimas en los procesos judiciales. La gestión uñaquista trabaja para reglamentar la ley existente y darle arranque en los próximos meses, antes de que finalice el año.

La iniciativa surgió luego de que a nivel nacional se discutiera la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, aprobada en junio, y que en San Juan se descubriera que existe una normativa similar que nunca fue reglamentada.

Según la ley local, el programa consiste en atender “a toda aquella persona que haya resultado víctima de un delito que atente contra la vida, la integridad física, el honor, la honestidad y la dignidad de las personas, su grupo familiar o social”.
Actualmente, un comité similar asiste las víctimas de lesa humanidad, pero con apoyo médico y psicológico, sin contar con un abogado que dé asesoramiento jurídico de forma gratuita, algo que sí tendrá el nuevo programa. Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, explicó que hasta el momento no está definido cómo será el mecanismo por el cual las víctimas de un delito podrán acceder al programa, ya que ese tema es el que se está definiendo dentro del Ejecutivo. Si indicó que involucrará distintos ministerios como Desarrollo Humano, Salud Pública y Gobierno.

Según lo establece la ley local, el Programa de Asistencia a la Víctima del Delito “tomará intervención cuando sea requerido por las víctimas, por los representantes legales de ellas, por la derivación de instituciones, por médicos de cabecera o de oficio”. La ley nacional habilita a las víctimas a constituirse como parte querellante en un proceso y solicitar ser notificadas de todas las resoluciones tomadas por la justicia, algo que no está establecido en la normativa local pero no se descarta que pueda ocurrir una vez que el programa esté puesto en marcha.

Para el arranque, el gobierno nacional ya se comprometió a “brindar apoyo económico y técnico a fin de colaborar con a la asistencia de las víctimas de delitos”, según manifestó Garavano en su visita por San Juan.