La presidenta Cristina Fernández admitió ayer que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de la inseguridad aunque estimó que es "lógico" hacerlo pero aclaró que debe resolverlo el Congreso y acompañarlo con un "régimen penal juvenil" como el que tiene media sanción del Senado.

"Hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico", reconoció la mandataria, pero al mismo tiempo puso límites al aclarar que ese proceso se debe dar exclusivamente "en el marco de un derecho penal juvenil". Insistió entonces que "discutir si 14 o 16 es desviar el problema porque eso es algo que va a resolver el Parlamento", en tanto que recordó que una iniciativa en tal sentido ya tiene media sanción del Senado. Remarcó que "lo importante es que la edad no es una política de seguridad sino una adecuación de los tiempos".

En el primer acto luego de su gira por Medio Oriente, Fernández de Kirchner no se pronunció a favor ni en contra de bajar la edad para juzgar a menores que delinquen, pero en forma indirecta dejó en claro que su gobierno no hará objeciones si los legisladores deciden cambiar el actual sistema.

Con esta postura, la presidenta se acercó más a la postura del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien impulsa bajar a los 14 años y no a miembros del Ejecutivo Nacional que públicamente se habían opuesto a esa posibilidad como la ministra de Seguridad, Nilda Garré y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Señaló que el proyecto que cuenta con media sanción trata en definitiva "un derecho penal juvenil diferente en un marco de contención y de adecuación a los tiempos que corren".

Al respecto, Cristina puso como ejemplo el índice referido a menores en Brasil, donde la imputabilidad es a partir de los 12 años, cuya tasa de homicidios es de 32 cada 100.000 habitantes, mientras que en la Argentina, hay 6 homicidios cada 100.000 habitantes con imputabilidad a los 16.