Una definición política de alto voltaje de Cristina Fernández podría volver a poner en una situación incómoda las relaciones bilaterales con Chile ya que adelantó en Mendoza que pedirá al presidente, Sebastián Piñera, la extradición del destituido juez, Otilio Romano, acusado por delitos de lesa humanidad y que huyó al país vecino. Al dejar inaugurada una ampliación de la terminal de micros de San Rafael, la presidenta adelantó que el Gobierno pedirá la extradición del ex camarista, al escuchar a un grupo de manifestantes que reclamaron a gritos por la fuga de Romano.

“A Romano lo va a traer la Justicia. Somos un país de derecho, de garantía y de ley y le vamos a dar Justicia, ley y Constitución aún a los que la negaron y pisotearon. Esa es la verdadera democracia‘, afirmó la mandataria en respuesta a una pregunta de una asistente al acto. “Sí, uno se escapó a Chile querida, pero ya lo vamos a traer”. A renglón seguido, Cristina destacó que “el Consejo de la Magistratura que esta Presidenta reformó y que puede decir con orgullo que no fue nada de lo que dijo la oposición en su momento, lo ha destituido” como juez.

El jury de enjuiciamiento destituyó el jueves a Romano como miembro de un tribunal de alzada por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”, según el fallo unánime de los siete jurados del tribunal.

En septiembre pasado, Romano solicitó refugio en Chile, lo que le permitió recibir una visa temporal de ocho meses, hasta que se resuelva su petición.

Ahora el pedido de extradición podría generar un nuevo conflicto diplomático entre Argentina y Chile justo cuando hay una gran expectativa en San Juan por el encuentro de ambos mandatarios en Santiago el próximo 25 y 26 de enero. Allí está previsto que se aborde el tema del llamado a licitación del túnel por Agua Negra lo que sería el puntapié inicial para la construcción de la obra que unirá San Juan con la IV Región de Chile.

Todavía está fresco en la memoria el conflicto y la queda del gobierno de Piñera por el refugio otorgado por Argentina al guerrillero Sergio Galvarino Apablaza Guerra, quien fue aceptado como refugiado político por el Gobierno argentino.

Chile pidió la extradición, pero en octubre de 2010 la Justicia argentina dio por cerrado el proceso de extradición luego que la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (Conare) lo reconociera como refugiado.