La escribana María Isabel Carchano, acusada de ser parte de una estafa millonaria a la Caja Profesional de Médicos Odontólogos y Bioquímicos (MOB), recibió un duro revés por parte de la Corte de Justicia. El máximo tribunal le negó el pedido de suspensión de juicio a prueba, solicitud que ya le había rechazado la Sala III de la Cámara Penal. Así, si bien la mujer tiene la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su planteo, las fuentes indicaron que cuenta con la negativa de dos tribunales, por lo que el paso siguiente es el juicio. La escribana había solicitado no llegar al debate al ofrecer una reparación simbólica de 25 mil pesos y realizar tareas comunitarias en la Casa de la Bondad, una institución de contención a enfermos terminales. De ser encontrada culpable, el delito es excarcelable ya que contempla una pena de prisión de un mes a seis años.

El fallo de la Corte de Justicia fue emitido por la Sala II, con el voto de Adriana García Nieto y la adhesión de sus pares Ángel Humberto Medina Palá y Guillermo De Sanctis. La magistrada fundó su posición en la negativa que había planteado el fiscal de Cámara José Eduardo Malle. El representante del ministerio público se opuso al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba al considerar que, al tratarse de una escribana, la mujer cumplía una función equiparable a la de un funcionario público. Y el que desempeñe esta última tarea tiene vedado el acceso a la probation según el Código Penal. Además, Mallea había ponderado los antecedentes profesionales y académicos de Carchano, al igual que su rol de abogada, notaria, mediadora y expresidente del Colegio Notarial de la Provincia, por lo que con su participación en el delito "violentó la garantía de la seguridad jurídica en su carácter de fedataria". Por otro lado, había apuntado que, si se le otorgaba el beneficio de probation a la profesional, "significaría abrir la puerta a este tipo de casos y dejar a la sociedad a expensas de que individuos inescrupulosos pudieran cometer hechos defraudatorios".

Según la acusación, Carchano confeccionó en 2011 un boleto de compraventa por 260 mil dólares para los herederos del dueño del inmueble y a la vez armó una escritura pública entre los directivos de la Caja MOB y Walter Orellano, otro de los implicados que actuó como supuesto representante de los vendedores, por 1.300.000 dólares, que fue lo que terminó pagando la entidad. Es decir, 1.040.000 dólares de más, cifra que al cambio de hoy representa poco más de 60 millones de pesos.

En el caso de Orellano, ocurrió lo mismo que para la escribana, el fiscal de Cámara Mallea le rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba. La negativa se basó en que como el Tribunal equiparó el cargo de Carchano al de un funcionario público, los que participaron junto a ella tampoco les corresponde el beneficio. Orellano había ofrecido 20 mil pesos como reparación del daño y realizar tareas comunitarias en la Municipalidad de Rivadavia. Además de Carchano y Orellano, los que están bajo la lupa son el odontólogo Luis Minin y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández.