San Juan 7 de noviembre.- “Decir que el reo que goza de salidas transitoria reincide, es estafar a la población. La gran mayoría de los verdaderos autores de los delitos están libres ”. Con esta frase la titular del juzgado de Ejecución de Sentencia Margarita Camus sale al cruce de las críticas que se escuchan desde diferentes sectores de la población y de los Ministerios públicos, por el importante número de internos que gozan de beneficios extra muros y que son vinculados a hechos delictivos.
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Semana por medio se registra un hecho delictivo que es cometido por un interno del penal que goza de algún beneficio que le permite salir “transitoriamente” de la cárcel. Frente a ello, quien otorga dichos beneficios, Juzgado de Ejecución Penal, sostiene que no puede negársele ese derecho a cualquier interno por el simple hecho de no contar, el servicio penitenciario, de recursos para implementar el programa de recuperación de internos.
“Es una realidad que no se les aplica a los internos el tratamiento de forma integral que la ley establece, hay pocos internos que tienen posibilidades de trabajar y hay pocos internos con posibilidad de recibir educación dentro de la cárcel. Pero no está sistematizado el tratamiento como la ley prevé. Hace un mes esta creada la oficina de tratamiento del servicio Penitenciario provincial pero no hay cambios”, dijo a DIARIO DE CUYO ONLINE Margarita Camus.
Actualmente el servicio penitenciario tiene, en promedio, 870 internos. El cuerpo de profesionales que debe realizar la tarea de contención, re sociabilización y educación de los internos no llega a los 11 especialistas. Desde el juzgado se informó que hay 5 sicólogos, 4 médicos y un cuerpo de docentes muy pequeño, lo que es totalmente insuficiente para el número de presos que requieren tratamiento o ayuda.
Frente a esta realidad es que Margarita Camus sostiene que la posición de la Fiscalía, quien se opone en casi la totalidad de los casos cuando se solicitan beneficios extra muros, es totalmente injusta. “La Fiscalía se equivoca en su oposición, ya que sostiene que no se le está dando el tratamiento al interno que la legislación prevé. Entonces la responsabilidad se la termina haciendo pagar a los internos, siendo que le corresponde cumplir con la ley al ejecutivo a través del servicio penitenciario. Esa es la diferencia de criterios que existe”, sostuvo.
Por último la magistrada dejó traslucir que habría una especie de campaña de desprestigio que recae en los reos del penal, señalándolos como que son reincidentes en su gran mayoría y no sería así. Los beneficios que se han revocado este año son por no haber respetado la cláusula de volver al servicio penitenciario o el interno fue encontrado en un lugar distinto al donde debían estar. Esos casos no son reincidencias, sino incumplimiento de cláusulas. Yo le voy a dar un ejemplo, se mediatizó la salida transitoria a Miguel “Taza” Albornoz. Lo que ocurrió es que fue denunciado por su pareja por supuestos hechos violentos. Luego Albornoz fue absuelto por el juez que instruyó la causa y eso nadie lo dijo. Se generalizó el debate del por qué se le dió salida transitoria a Albornoz, fue publico el hecho cuando fue denunciado Albornoz, pero nadie dijo nada cuando fue Albornoz absuelto”, lanzó.