En el escándalo de las expropiaciones siguen apareciendo elementos que comprometen a Santiago Graffigna, señalado de ser el organizador de maniobras fraudulentas que perjudicaron en millones de pesos al Estado. El profesional representaba en un juicio a Ramón Gedeón Anes y estaba facultado a cobrar y después rendirle lo que pagaba la provincia por dos inmuebles que le expropió en Iglesia. Pero cuando el hombre murió, el abogado se quedó sin el poder que le extendieron y según fuentes vinculadas al caso, nunca denunció la situación en la Justicia y siguió percibiendo el dinero como si nada. Justamente el manejo de esa plata dio lugar la semana pasada a una denuncia penal de uno de los hijos del fallecido, que asegura que hay un faltante de algo más de 5 millones de pesos.
Anes era el propietario de los inmuebles (juntos sumaban 8,5 hectáreas) y le dio un poder a Graffigna para que interviniera en el juicio de expropiación. Los terrenos fueron adquiridos por la provincia para hacer el dique Cuesta del Viento y el proceso judicial se inició a los efectos de determinar cuánto tenía que pagarle al antiguo dueño.
El abogado se encargó de tramitar el juicio y en 2007 salió sentencia. El juez Carlos Macchi, del Juzgado Civil Nº 5, fijó que el valor a pagar por el Estado era de 11,6 millones de pesos. Ese mismo año, comenzó a cobrar los desembolsos que hacía la provincia y supuestamente le rendía el dinero a su cliente.
Pero en diciembre de 2008, Anes murió y de acuerdo a lo que establece la ley, el poder que le había otorgado a Graffigna quedó extinto. Según las fuentes, el abogado debería haber notificado al juez para que los herederos decidieran si le renovaban el poder a él o se lo daban a otro letrado. Sin embargo, contaron, jamás denunció el fallecimiento y continuó cobrando la plata que depositaba el Estado para el pago de la expropiación.
Todo podría haber pasado desapercibido si no fuera porque Daniel Anes, uno de los herederos, hizo el martes una denuncia penal por estafa contra su hermano, el exdiputado Ramón Héctor Anes, Graffigna y el abogado del sucesorio de su familia, Fabián Mazzanti. Dice que hubo connivencia entre los tres para quedarse con el grueso de los 11,6 millones de pesos de la expropiación.
Daniel dice en la denuncia que su padre les cedió 2,5 millones de adelanto de herencia y que tras el fallecimiento, Graffigna le entregó a su madre algo más de 4 millones (eso es lo que dijo el abogado, pero no aportó comprobantes). En consecuencia, afirma que hay 5,1 millones que nunca llegaron a destino.
Mazzanti quedó en la mira porque, según Daniel, en julio de 2008, cuando el padre de la familia ya estaba en estado crítico, persuadió a todos los herederos a que le firmaran a Graffigna un instructivo de juicio para facultarlo a percibir el dinero de la expropiación. Además, contó el denunciante, les dijo que su colega podía manejar con celeridad los pagos en el juzgado de Macchi y que si no lo hacían así, “no íbamos a cobrar un centavo”. Sin embargo, el documento nunca fue presentado en sede judicial.
Daniel le apunta a su hermano porque, según las fuentes, era quien acompañaba a la madre de ambos a cobrar los pagos que le hacía Graffigna.
Hay otros elementos que llaman la atención. Mazzanti es cuñado Macchi, juez que está en la mira por, supuestamente, ayudar a inflar el valor de terrenos expropiados en juicios que están siendo investigados en la llamada megacausa que se disparó por una denuncia del Gobierno. En todos esos procesos, el abogado fue Graffigna, el mismo que, según Daniel, Mazzanti promovió para que siga cobrando.