El exintendente de Angaco, José Castro, se presentó ayer en el Quinto Juzgado de Instrucción para ser indagado, pero no declaró ni respondió ninguna pregunta. El ex jefe comunal sí hablo con la prensa y destacó que no presionó a un testigo para que declarara en su favor en la causa. "Jamás le he requerido nada a nadie", aseguró. Sin embargo, en el expediente consta la declaración de Rodrigo Vedia, quien era el conductor de una máquina municipal y uno de los empleados que estaba cumpliendo tareas en un terreno privado en Chimbas. El trabajador había manifestado que Castro y el ex jefe de Obras y Servicios, Walter Funes, le pidieron que diga en su testimonial que se había equivocado de dirección. Pero Vedia se negó a mentir y corroboró lo denunciado por los concejales, según fuentes judiciales.

Un empleado dijo que Castro le pidió que mintiera en su declaración para beneficiarlo.

Castro está imputado por utilizar empleados y herramientas de la comuna en un predio particular en Chimbas. La fiscal Claudia Salica le imputó los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y coacción. Si bien no abundó en detalles sobre la causa penal, el exintendente sí arremetió con definiciones políticas. Así, dijo que "soy un perseguido político del Concejo Deliberante desde 2017". Además, manifestó que "he sido inflexible a los pedidos que no tenían que ver con cuestiones políticas" y agregó: "Por no haber hecho favores hemos tenido que afrontar las denuncias".

El silencio de Castro en sede judicial es una estrategia recurrente en Tribunales para tener acceso al expediente y, luego, declarar y presentar las pruebas a su favor. Su abogado, Fernando Castro, aseguró que van a preparar una ampliación de indagatoria para que pueda expresar todo de manera documentada y aclaró que el juez Benedicto Correa le había concedido la eximición de prisión, luego de que la fiscal Claudia Salica solicitara la detención del ex jefe comunal.

La causa comenzó en octubre de este año cuando el entonces concejal José Risueño habría comprobado que las máquinas y los empleados municipales estaban realizando trabajos de nivelación de suelos en un terreno en Chimbas. El edil y otros de sus pares radicaron la denuncia en la Fiscalía.