Los cañones de Casa de Gobierno se enfocan en los abogados responsables de dejar vencer los plazos en una causa judicial del Residual del Banco San Juan que a la Provincia le implicaba embolsar más de 500 mil pesos. Mientras la Fiscalía de Estado investiga puertas hacia adentro, José Luis Gioja mostró ayer todo su enojo y aseguró que “hay que caerles con todo el peso de la ley”. Él mismo firmó hace siete años la remoción de dos letrados por hechos similares y ahora habló de aplicar la misma sanción.
“Si se comprueba que fue así, hay que aplicarles el castigo más duro”, aseguró Gioja cuando este diario le preguntó sobre la nueva demanda que el Estado perdió por prescripción. Antes de eso, mediante un sumario, la Fiscalía de Estado deberá determinar cuál de los abogados que intervino en el proceso se dejó estar y permitió que se consumiera el plazo de ley para que la Provincia cobrara lo que le debían.
El caso se disparó en 1994, cuando Daniel Llorens y Teresa Molina fueron demandados por no devolverle un crédito de 141 mil pesos al Banco San Juan (aún era estatal). La Justicia los condenó tres años más tarde a pagar una suma superior al medio millón de pesos por capital e intereses, pero ni así la Provincia cobró el dinero.
El anterior Código Civil daba 10 años para que se cumpla una sentencia, cosa que le compete a la parte acreedora, en este caso el Estado sanjuanino. Lo increíble de la situación es que pasaron años sin que los abogados de la Fiscalía de Estado se presentaran ante el juez a practicar la planilla de liquidación y pedir que se ejecutara la resolución, hasta que en 2010 se cumplió el término límite. Conclusión: el juicio prescribió, la Provincia perdió su derecho de reclamarle al matrimonio deudor y se quedó con las manos vacías.
“No puede ser, son cosas que no pueden seguir pasando… nosotros tenemos la obligación de actuar y castigar a los responsables”, señaló el Gobernador. Indignado, contrariado y con el ceño fruncido, agregó para ser más explícito: “En cualquier caso, si alguien no cumple su trabajo y genera un perjuicio económico, hay que echarlo porque al Estado no le sirve”.
El perjuicio no es solamente por la cifra que la Provincia perdió de percibir, sino también porque tendrá que pagar al ser culpable de que la sentencia se cayera. El juez del caso le impuso pagar las costas porque se trató de un juicio ejecutivo, lo que incluye 23 mil pesos de honorarios de la contraparte que ahora se tendrán que actualizar.
Gioja se topó con dos casos parecidos no hace mucho y tras los sumarios que realizó la Fiscalía de Estado, no le tembló el pulso para poner la cucaracha disponiendo echar a los abogados que causaron el daño. La Provincia tenía dinero a cobrar en los juicios contra Macros Soto y Adolfo Grynszpan, también deudores del Residual, sus abogados dejaron caer las demandas y tuvo que pagar millones de pesos en honorarios ajenos. Como resultado de eso, en 2008, el letrado Daniel Derca fue exonerado del organismo que defiende los intereses del Estado y su colega Cristina Molina resultó cesanteada.
Entre aquellas causas y la que hoy desata la ira oficial hay una diferencia sustancial. Las dos primeras se perdieron antes de que existiera sentencia. En la que le apuntaba al matrimonio hubo fallo a favor y nadie se preocupó por hacerlo cumplir, para lo que bastaba un simple trámite judicial.