Otra vez, una movida insólita que pone en juego una porción importante de superficie y recursos vitales de San Juan: una familia chilena inició una acción judicial para quedarse con nada menos que 60 mil hectáreas en plena cordillera, donde hay afluentes de todo tipo que terminan alimentando la principal fuente acuífera de la provincia. Los protagonistas de la historia invocan derechos heredados, pero el Estado salió a oponerse de inmediato porque no cuentan con un un título que acredite que son los verdaderos propietarios. La situación hacer recordar a una puja que se dio hace poco por un inmueble mucho más amplio y cercano a la zona que ahora despierta polémica, que estuvo a punto de quedar en manos privadas.
¿Una avivada? En la Fiscalía de Estado no quieren caer en esa rotunda afirmación y, por ahora, prefieren decir que les llama poderosamente la atención. Sucede que los extranjeros que se declaran dueños de tamaña extensión del territorio provincial, no poseen la documentación respaldatoria para acreditar esa condición.
El área es de algo más de 60 mil hectáreas, está en el departamento de Calingasta y tiene como límite Norte la cumbre que divide los valles de los ríos Los Piuquenes Verdes y Lagunas, al Sur está la línea de cumbre que separa los ríos La Pantanosa y de la Carnicería, al Este la Cordillera de los Andes y al oeste el río Santa Cruz. Además de esos afluentes, en su interior están los ríos Casa de Piedra, del Yeso y Colorado y, al menos, 9 arroyos. Todos, de una u otra forma, terminan alimentando al río San Juan, cuya agua se embalsa para satisfacer las necesidades de riego y consumo de los sanjuaninos.
Para tomar dimensión de la superficie de suelo provincial que está en juego, basta trazar algunas comparaciones que en un mapa saltan a simple vista (ver infografía). El inmueble calingastino es más grande que los departamentos de Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas y Santa Lucía juntos, que entre todos suman 59.600 hectáreas.
La supuesta dueña de las tierras es María Luisa Correa Guzmán de Errazuriz, una ciudadana chilena que ya falleció. A través del abogado Carlos Baudonnet, siete de sus familiares del vecino país se presentaron como herederos en el Juzgado Civil Nº 7 de San Juan e iniciaron una rectificación de título. ¿De qué se trata? Es una acción que se impulsa cuando hay diferencias entre las dimensiones y coordenadas entre el título del inmueble y el plano, con la finalidad de determinar cuál es la superficie exacta.
Cuando el juzgado le corrió vista por estar el interés de la provincia comprometido, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se hizo parte en el proceso y se topó con algunas cosas curiosas. Los Errazuriz Correa no tienen título de dominio del inmueble que invocan como propio, por lo que parece difícil hacer una rectificación de algo que no existe. Únicamente acreditaron derechos y acciones heredados de la jefa de familia.
Por eso, el organismo que defiende los intereses de la provincia se opuso a la rectificación de título. En el escrito que presentó en el Juzgado Civil Nº 7, afirma que los Errazuriz Correa no tiene legitimación activa. Significa que no goza de derecho para plantear el tipo de acción con la que buscan hacerse de las tierras cordilleranas, sencillamente porque no son los dueños o titulares.
“No existe dominio, pues la actora no es titular del dominio del inmueble sino de meros derechos y acciones”, dice uno de los párrafos de la contestación que formuló la provincia en la Justicia. Además, afirma que la familia del vecino país tampoco presentó documentación que dé cuenta de cómo adquirió las tierras (por venta, permuta, donación) y que no demostró posesión real y efectiva de las mismas, dos de los requisitos que exige la ley para estos casos.
Hay varias razones que motivan el interés y la intervención oficial en el proceso judicial. Primero, las tierras que no registran dueños son del Estado por imperio del Código Civil y puede refutar cuando un particular no acredita la correspondiente titularidad. Segundo, dentro del inmueble en cuestión hay recursos vitales y estratégicos que son de dominio de la provincia y que deben ser administrados por ella. Y como si todo eso fuera poco, se trata de una zona de seguridad de frontera.
“No queremos despejar a nadie, pero esta Fiscalía de Estado tiene la obligación de hacer los planteos que crea necesarios en cualquier proceso que tenga como objeto un inmueble de San Juan”, aseguró De Sanctis. Por otro lado, señaló que “aún teniendo derechos los particulares, nosotros debemos cuidar el patrimonio del Estado y también tenemos derecho a observar que hay adentro de los inmuebles y más en la Cordillera de los Andes”.
A propósito de zonas y recursos estratégicos, un inmueble cordillerano en el mismo departamento casi fue rematado en 2012. Sobre el límite, el Estado logró que el proceso quedara en stand by por falta de documentación que avalara que pertenecía a una empresa privada (ver aparte).
Ahora debe resolver quien subrogue en el Juzgado Civil Nº 7 (su titular, María Elena Videla está de licencia). Puede denegar la rectificación de título que pide la familia chilena, con lo que tendría que buscar otra vía para intentar cumplir su objetivo, o hacerle lugar. En el último caso, en Fiscalía de Estado dicen que, al menos, pedirán formalmente que del inmueble se desafecten los bienes que son de dominio del Estado, como los ríos y los arroyos.