La fiscal que actúa en la causa contra Juan Carlos Gómez, el concejal chimbero procesado por el delito de usurpación de título al hacerse pasar por médico, pedirá que sean llamados a declarar el titular de Protección al Menor, Jorge Toro, y dos agentes del área, según fuentes judiciales. La medida es a raíz de una investigación de DIARIO DE CUYO que ayer expuso documentación y testimonios que demuestran que trabajó y recetó como si fuera doctor en esa repartición de Gobierno. El funcionario había asegurado que Gómez hizo algunas recetas y los empleados -uno de ellos ya jubilado- contaron que trabajó como médico. Dichos que contrastan con las del ministro Daniel Molina, que hace días atrás afirmó que no fue contratado como "doctor".

En Tribunales aseguraron que a partir de la nota que publicó este medio, la fiscal Silvina Gerarduzzi le solicitará una serie de medidas a la jueza del caso, Mónica Lucero. Todas, tendientes a determinar si Gómez se hizo pasar por médico trabajando para el Estado.

La fiscal quiere que comparezcan como testigos Toro, el médico titular de Protección al Menor hasta hace unos meses, Néstor Martínez, que trabajó con Gómez entre julio y noviembre del 2007; y la directora del instituto de menores Paula A. de Sarmiento, Beatriz de Maldonado. Los tres hicieron declaraciones que podrían ser clave en sede judicial.

Cuando se conoció que el hijo del líder de la agrupación piquetera Virgen de Fátima pasó por Desarrollo Humano, el primero en hablar fue Toro: el 29 de septiembre admitió que "Gómez hizo un par de recetas en el último tiempo". Un día después, Molina le salió al cruce y dijo que no fue contratado como médico y que no le constaba que haya emitido recetas.

Por su parte, el médico Martínez dijo que a Gómez "lo presentaron como doctor y estaba para atender a la gente", además de dar fe de que iba con él "a los institutos a ver los chicos". Mientras que la titular del Instituto Paula A. de Sarmiento aseguró que fue allí como médico de Protección al Menor.

Además, en la Justicia no pierden de vista el documento con membrete oficial de Desarrollo Humano presentado a las farmacias autorizando a Gómez como médico y a retirar medicamentos. Instrumento que consta en la investigación periodística y que, según las fuentes, podría ser pedido por la fiscal para aportarlo como prueba a la causa.

Esa información demuestra que en el gobierno manejan datos que involucran a Gómez. Sin embargo, a pesar de que la causa judicial se inició hace mucho más de un mes, nunca había salido a la luz.

Por eso, las fuentes no descartaron que se evalúe judicialmente la eventual responsabilidad de los funcionarios que no aportaron las pruebas cuando se enteraron que Gómez fue denunciado por el ministro de Salud. Eso sucedió el 24 de agosto, luego de acreditar que usaba una matrícula de una doctora y que no tenía título de médico.