Hace casi tres años que el gobierno y la Corte de Justicia acordaron que el Edificio 9 de Julio, en donde históricamente funcionaron reparticiones que se trasladaron al Centro Cívico, iba a ser remodelado por completo para instalar allí la Ciudad Judicial. El proyecto sigue hoy en espera y el paso del tiempo trae una consecuencia poco deseada por cualquier administrador de divisas: Un ahorro de 42 millones de pesos que tiene el Poder Judicial para financiar parte de la obra está a plazo fijo y pierde valor real. Mientras la colocación rinde entre el 8 y el 9 por ciento al año, el índice de precios acumula subas que superan el 20 por ciento en el mismo periodo. En Tribunales y en el Ejecutivo no explicaron los detalles del retraso.

El Edificio 9 de Julio está frente al Palacio de Tribunales y la idea es refaccionarlos y montar una estructura que contenga a todas las reparticiones judiciales desperdigadas por la ciudad, para neutralizar los graves problemas de infraestructura que tiene la Justicia. La gestión giojista le cedió al Poder Judicial el primero de los inmuebles y acordaron financiar en conjunto el novedoso proyecto.

El plan era empezar cuando se desocupara por completo el 9 de Julio. La mudanza se demoró más de la cuenta por el traslado del Archivo Histórico, que se fue en diciembre. A eso hay que sumarle que, según fuentes judiciales, en Tribunales todavía no tienen listo un proyecto concreto que se pueda ejecutar en forma inmediata.

El paso del tiempo, en la coyuntura económica, no ayuda. Al no ser usado y seguir depositado, la reserva dineraria se va desvalorizando en términos reales. La ganancia que pagan los bancos por un plazo fijo no va más allá del 9 por ciento anual y es muy exigua frente a la inflación que se acumula al cabo de un año, según señalan las consultoras privadas. El problema es que el ahorro crece a un ritmo menor que los precios -del hierro, la pintura, el cemento, etc.- y en consecuencia, mientras más demoras, alcanza para ejecutar menos cantidad de obra.

El ahorro empezó a constituirse hace varios años con unos pocos millones y hoy asciende a 42 millones gracias a remanentes de ejercicios presupuestarios de la Justicia. En la Corte aseguran que es insuficiente para armar la Ciudad Judicial y que necesitan de un adicional que gestione el gobierno.

Una fuente del máximo tribunal no explicó por qué el proyecto está retrasado, pero aclaró que el Ejecutivo, en la práctica, todavía no les cede el edificio. En la gestión giojista se limitaron a decir que, primero, hay algo que tienen que resolver el gobernador y los cortistas.

Para el financiamiento de la obra hay que constituir un fideicomiso. En Tribunales contaron que se armó un borrador, pero como tenía algunos defectos se está confeccionando uno nuevo y no se sabe cuándo se instrumentará. Al fondo irán los 42 millones, más futuros aportes del Poder Judicial y el dinero que pueda conseguir el gobierno. Quien lo administre -un Banco-, tendrá la posibilidad de hacer negocios financieros para buscar mayor rentabilidad.