Un mecánico, un metalúrgico, un vendedor de leche, un pensionado y hasta un lavacoches se encontraban registrados en la AFIP y emitían facturas por operaciones por cientos y hasta millones de pesos. Al investigar, el organismo recaudador los calificó como personas “insolventes”, es decir, que no tienen la capacidad económica ni los bienes para realizar compras y ventas por tamañas cifras.

Según la Justicia, esos involucrados y otros más actuaron como testaferros o “prestanombres” para encubrir a quiénes en realidad estaban detrás de las maniobras, los empresarios vitivinícolas cauceteros Emilio y Nahim Ahún, que tenían problemas con el fisco y su bodega había quebrado.

La maniobra consiste en la creación de las llamadas usinas de facturas truchas y en este caso se utilizaron para que estos dos últimos sospechosos evadieran impuestos como IVA y Ganancias en una suma que ronda los 3 millones de pesos.

DIARIO DE CUYO dio a conocer esta semana que el fiscal federal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que envíe parcialmente la causa a juicio. Además de los hermanos Ahún, que están acusados de ser los jefes de la asociación ilícita, están en la mira dos de sus empleados, Héctor Díaz y José Roses; los contadores Humberto Salvo y José Noguera, y el síndico Carlos Gambina. Ahora salen a la luz más detalles del expediente sobre el funcionamiento de la red criminal, en la que también están bajo investigación 13 testaferros como partes del mecanismo.

Según el expediente, los hermanos Ahún y Díaz buscaron a prestanombres y lograron que quedaran anotados en la AFIP para facturar cuantiosas compras y ventas, pero que en la práctica no contaban con los fondos ni la estructura para hacerlas. La acusación señala que los contadores Salvo y Noguera fueron los encargados de registrar a esos contribuyentes insolventes en el fisco y de presentar sus declaraciones juradas. La pista hacia los profesionales se dio porque los sabuesos detectaron que los registros de los testaferros en el organismo nacional se hicieron desde sus estudios contables.

Así, los Ahún tuvieron las herramientas para comercializar vino, mosto, uva y hasta lubricantes de una estación de servicio y entregar los comprobantes apócrifos. Como los nombres se repetían y las cifras eran abultadas, la AFIP tomó esas compras que efectivamente hicieron particulares y empresas, las fiscalizaron y siguieron a quienes figuraban en las facturas, dado que todo queda registrado. Ahí fue donde detectaron que los falsos contribuyentes (los testaferros) tenían presentadas declaraciones juradas sin movimientos o con escasos montos a pagar en el ente fiscal. El tema es que al vender productos, se le genera un IVA a pagar en la AFIP al que lo comercializa. En este caso, el impuesto no se habría destinado al organismo y habría quedado en manos de los implicados, dijeron las fuentes.

El vínculo entre los prestanombres y los Ahún quedó reflejado en muchas de las operaciones. En una venta de vino y mosto, se facturó a nombre de Ángel Grossi (que según testimonios, vendía leche en su casa) y su mujer Elba Pastrán. El hombre era cotitular de una cuenta bancaria junto a Emilio Ahún y la esposa de este, María Romero. Por su parte, Pastrán trabajaba en una estación de servicios de Ahún.

En otra operación, un particular tenía comprobantes a nombre de una persona de apellido González que, de acuerdo a los testimonios que recogió la AFIP, trabaja de lavacoches y de José Flores, que sería mecánico. Pese a que estos facturaban, el que arreglaba el precio final era Emilio Ahún, quien cobraba una parte, según surge del expediente.

La investigación además reveló que los Ahún explotaron los bienes de su empresa quebrada a través de testaferros, con la supuesta complicidad del síndico Gambina.